EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- El abogado Miguel Valdemar Díaz cuestionó la práctica que, según afirmó, implementan algunos ayuntamientos al retirar vehículos estacionados en espacios públicos, colocarles candados y exigir a los propietarios el pago de montos que pueden oscilar entre 3,500 y 12,000 pesos para poder recuperarlos.
Díaz explicó que esta modalidad ha sido sustentada mediante ordenanzas municipales, como ocurrió en Moca, donde el Concejo de Regidores estableció estos cobros bajo el concepto de tasas por servicios y no como multas o sanciones.
Sin embargo, el jurista consideró que esta práctica vulnera el principio de legalidad y presenta aspectos de inconstitucionalidad, debido a que los regidores no tienen facultad para crear leyes y porque, a su juicio, la fiscalización de las infracciones de tránsito corresponde al organismo competente en materia de tránsito.
El abogado también cuestionó la utilización de cuadros amarillos pintados en el pavimento, algunos con una “X”, para indicar que está prohibido estacionarse.
Afirmó que estas marcas no forman parte de las señales de tránsito reconocidas internacionalmente y sostuvo que la prohibición de estacionamiento debe estar debidamente indicada mediante la señal correspondiente.
Díaz señaló que el tema ha generado controversia en distintas ciudades y recordó que, en el caso de Moca, un juez consideró válida la actuación de la alcaldía y reconoció sus facultades para aplicar este tipo de medidas.
No obstante, el abogado mantiene que los ayuntamientos deben actuar dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes, especialmente cuando sus decisiones implican cobros a los ciudadanos.
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