Las declaraciones de Danilo Medina contra la Junta Central Electoral reabren el debate sobre la responsabilidad política y el respeto a los órganos democráticos.
La democracia dominicana ha avanzado de manera significativa en los últimos años gracias al fortalecimiento de sus instituciones electorales.
Dentro de ese proceso, la Junta Central Electoral ha logrado construir un prestigio que no surgió por casualidad, sino por un esfuerzo constante de transparencia, apertura y diálogo con todos los actores políticos.
Precisamente por eso resultan preocupantes las recientes declaraciones del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, cuestionando las decisiones del órgano electoral respecto a los reglamentos sobre encuestas.
Medina calificó como “sospechosa” la posición de la Junta sobre la suspensión o regulación de encuestas electorales, insinuando incluso que detrás de esa medida existiría un interés político para evitar que la población conozca un supuesto deterioro electoral del Partido Revolucionario Moderno.
Una acusación de esa naturaleza no puede verse como un simple comentario político.
Se trata de señalamientos delicados contra la institución responsable de arbitrar los procesos electorales del país.
La gravedad del asunto radica en que no se está cuestionando únicamente una disposición administrativa o reglamentaria; se está intentando sembrar dudas sobre la imparcialidad de un árbitro electoral que ha sido reconocido incluso por sectores opositores y organismos internacionales.
La confianza pública en los órganos electorales es uno de los pilares esenciales de cualquier democracia funcional.
Cuando líderes políticos de alto nivel erosionan esa confianza sin pruebas contundentes, el daño institucional puede ser profundo.
Frente a esas declaraciones, el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, recordó un elemento fundamental que desmonta la narrativa de persecución o arbitrariedad: el pasado 5 de junio, la Junta Central Electoral celebró una audiencia pública con partidos políticos y firmas encuestadoras registradas para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento reglamentario.
Es decir, lejos de actuar de manera unilateral, el órgano electoral abrió espacios de participación y consulta, conforme a lo establecido por la Ley 107-13.
Ese detalle es esencial porque evidencia que la Junta no improvisó ni actuó al margen de la ley.
Todo lo contrario: siguió procedimientos administrativos sustentados en el debido proceso y en la participación de los actores involucrados.
Pretender desconocer eso para convertir un debate técnico en un conflicto político parece responder más a una estrategia discursiva que a una preocupación genuina por la democracia.
Las encuestas electorales, ciertamente, tienen un enorme impacto en la opinión pública.
Influyen en percepciones, generan tendencias y muchas veces moldean narrativas políticas.
Precisamente por ello, su regulación debe ser tratada con responsabilidad, transparencia y criterios técnicos.
Pero una cosa es debatir democráticamente sobre los alcances de un reglamento y otra muy distinta es intentar desacreditar al árbitro electoral porque una decisión no favorece intereses partidarios.
La República Dominicana no necesita que sus principales líderes políticos conviertan cada diferencia institucional en una confrontación política.
El país necesita madurez democrática, respeto a las reglas y prudencia en el discurso público.
Resulta contradictorio que sectores que durante años exigieron fortalecimiento institucional hoy recurran a cuestionamientos temerarios contra organismos que precisamente han ganado credibilidad por actuar con independencia.
La Junta Central Electoral no pertenece a un partido político ni debe ser utilizada como escenario de propaganda coyuntural.
Su rol trasciende intereses particulares porque representa la garantía de estabilidad democrática para toda la nación.
Intentar colocarla en el centro de disputas partidarias constituye un acto políticamente irresponsable.
La crítica siempre será válida en democracia, pero debe sustentarse en hechos y no en sospechas construidas desde la conveniencia política.
Cuando el liderazgo político juega a desacreditar las instituciones electorales, el mayor riesgo no lo asume un partido determinado, sino la confianza colectiva de la ciudadanía en el sistema democrático.
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