Para quienes crecimos en la época en que la televisión era cosa de pocos, sin la caterva de canales que el cable puso a disposición de todos, El Chapulín Colorado siempre fue una de las atracciones para disfrutar de un momento entretenido Retumba en nuestros oídos la expresión característica de la serie creada por Roberto Gómez Bolaños, “¿Y ahora, quién podrá defendernos? Yo, El Chapulín Colorado? Ahora que la Junta Central Electoral , JCE, da a conocer un reglamento para controlar la difusión de encuestas fuera del período legal de precampaña , un acto de indiscutible censura a la difusión de información de interés público, descubrimos, con asombro, que los partidos mayoritarios, estuvieron de acuerdo y propiciaron una medida que representa un claro retroceso en el ejercicio democrático del país.
Las encuestas electorales han estado ahí en todo el tránsito democrático del país, se hacen más frecuentes a partir del proceso electoral de 1982 y alcanzan el carácter de cosa común, esperada y comentada, a partir del proceso electoral de 1996, con la publicación de Gallup para la revista Rumbo, Penn And Schoen, las de Dorín Cabrera, el Centro Económico del Cibao y otras firmas.
La reacción del expresidente Danilo Medina que calificó la decisión de sospechosa, ya que la misma ha coincidido con la publicación de una encuesta de Gallup que pone en evidencia una disminución significativa en las simpatías del PRM, ha provocado la reacción de ese partido, que le ha recordado la posición del PLD en las discusiones sobre el tema.
Danilo no es el único que ha notado la coincidencia de la medida con lo que dice la encuesta más reciente.
El presidente del partido gobernante José Ignacio Paliza ha llamado al exmandatario a cuidar la Junta Central Electoral, confieso no haber entendido bien el llamado, ya que el debate sobre las decisiones electorales es parte del ejercicio democrático, aún cuando se pueda alegar contradicción en la posición de un partido o dirigente.
Aníbal de Castro pone las cosas en su justa perspectiva en su columna ADC en Diario Libre, cuando dice: “Pero el problema aparece apenas se abre la ley que la propia Junta está llamada a aplicar.
El artículo 216 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral es diáfano.
Prohíbe encuestas únicamente durante los ocho días previos a la votación.
Con una claridad poco frecuente en nuestra legislación, añade que antes de ese plazo «se podrán publicar todas las encuestas realizadas».
Todas.
Reglamentar no es reescribir.
Mucho menos corregir.
La potestad reglamentaria sirve para ejecutar la ley, no para mejorarla según el criterio del funcionario de turno, aunque ese criterio venga adornado de buenas intenciones institucionales”.
¿Por qué establecer normas que van mas allá del mandato de ley? ¿En qué beneficia al ejercicio democrático esa decisión? ¿De verdad creen que la difusión de encuestas, incluso las manipuladas, que las hay, cambia radicalmente la inclinación de la gente? No relaje, hombre.
50 años de avances democráticos de este país, suponen mayor apertura, en momentos en que la comunicación tiene tantos canales para la verdad y la mentira, limitar la difusión de estudios de opinión no parece lo más sensato.
Que se reglamente para evitar la instalación de ventorrillos de encuestas de laboratorio, es otra cosa Queda visto que los partidos se han puesto de acuerdo en este estropicio, ante lo cual, con las manos en la cabeza, es necesario preguntar: ¿Y ahora, quién podrá defendernos? Tags relacionados LAS MÁS RECIENTES rodrigo paz Matthew perry desaparecidos liderazgo femenino INFORME cOE.
