DGII acumula RD$36.7 millones en multas desde 2021, con el sector automotriz como principal infractor
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha impuesto 48 sanciones desde 2021 por violaciones a la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos, con los comercializadores de vehículos a la cabeza. Las multas suman RD$36.7 millones y evidencian desafíos de cumplimiento en sectores no financieros.
Los comercializadores de vehículos son el sector más sancionado en República Dominicana por infracciones a la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. De un total de 48 resoluciones sancionadoras emitidas por la DGII desde 2021, 36 corresponden a dealers o concesionarios, seguidas por nueve constructoras, una empresa de servicios inmobiliarios, una de contabilidad y una persona física vinculada a la joyería.
Las sanciones oscilan entre 300,000 pesos y 13.9 millones de pesos. La multa más alta fue impuesta al propietario de una joyería por resistencia u obstrucción a la labor inspectora, incumplimiento en la entrega de informaciones y por no designar oficial y órgano de control interno. Con esta sanción, el monto total de penalidades administrativas firmes asciende a 36.7 millones de pesos.
En el sector automotriz, las infracciones son calificadas como leves, principalmente por no remitir a la DGII la información estadística trimestral para análisis de riesgo dentro de los primeros 15 días hábiles. Cada caso ha generado una multa de 300,000 pesos, salvo en las firmas Auto Lujosa, Ochoa Hermanos, Alamsa y Ciber Dealer, que recibieron sanciones mayores por retrasos, fallas en la identificación de riesgos y por no adoptar medidas correctoras.
Las constructoras han sido sancionadas por incumplir deberes como designar un oficial de cumplimiento ante la UAF, no informar a la DGII sobre ese oficial, no enviar la información estadística trimestral y presentar retrasos en la entrega de datos. La DGII actúa como autoridad competente y supervisora de los sujetos obligados no financieros, en un contexto regional de endurecimiento de controles contra el lavado de activos.
