Expertos ven avance en tipificar delitos, pero piden reforma a la ley 74-00.
Santo Domingo, RD. – El decreto presidencial 615-26, que tipifica el terrorismo ambiental, genera expectativas y críticas. Mientras algunos lo ven como un refuerzo clave para la soberanía, otros advierten que contiene metas inalcanzables y que la ley existente requiere cambios de fondo.
Ambientalistas y juristas dominicanos reaccionaron al decreto 615-26, que busca prevenir y sancionar el terrorismo ambiental. Olmedo León, activista, lo valoró positivamente porque da vigencia al concepto y define delitos, pero señaló que no era necesario emitir un decreto si ya existe la ley 74-00, que considera robusta aunque mal aplicada.
León cuestionó algunos puntos del decreto, como la conservación de cuencas, que calificó de utopía. “Todo el territorio está en una cuenca; no se puede proteger todas por igual, sino las zonas de captación”, explicó. También criticó que las multas actuales son insignificantes frente al daño, y que el decreto no resuelve la impunidad estructural.
El abogado Winston Vásquez, especialista en derecho ambiental, destacó que el decreto llega en un momento crucial para el país, porque cada proyecto energético, minero o agrario requiere permisos, y el sistema costero necesita protección. “Refuerza la ley y envía un mensaje de que el delito ambiental afecta la soberanía”, afirmó, aunque insistió en que el Congreso debe modificar la 74-00 para adaptarla a los nuevos retos.
Ambos expertos coincidieron en que la aplicación será la clave. León exigió que se castigue a todos por igual, sin importar influencias políticas o económicas, incluso a funcionarios que otorgan permisos en humedales. “El gobierno debe dar el ejemplo”, puntualizó, mientras Vásquez subrayó que el decreto no limita la autoridad de la ley, pero sí necesita respaldo legislativo para ser efectivo a largo plazo.
