Abogado de Ángel Luis Guzmán Vásquez dice que no tiene bienes para devolver y que colaborará con la investigación
El exauxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas del Senasa, Ángel Luis Guzmán Vásquez, mantiene negociaciones con el Ministerio Público para alcanzar un acuerdo que permita una solución alterna al proceso judicial por su presunta vinculación con el entramado de corrupción en esa institución, según informó su abogado Billy Gerónimo.
Billa Gerónimo, abogado de Guzmán Vásquez, aseguró que su representado está en disposición de colaborar con los investigadores y que existen posibilidades de llegar a un acuerdo con el órgano acusador. Explicó que las conversaciones se mantienen desde el inicio del proceso y que su defendido ha mostrado disposición de contribuir con el Ministerio Público para buscar una salida al conflicto judicial.
«Existen todas las posibilidades de llegar a un acuerdo. Estamos en esa línea, eso es lo que se busca, pero hasta el momento no hemos definido nada», expresó Gerónimo al ser abordado por periodistas a la salida del tribunal. El abogado sostuvo que Guzmán Vásquez ha estado colaborando con las autoridades y que, en caso de que el Ministerio Público requiera alguna información adicional, su cliente está dispuesto a suministrarla.
Sin embargo, aclaró que todavía no se ha establecido el contenido ni las condiciones de un eventual acuerdo, por lo que consideró prematuro ofrecer detalles sobre el alcance de las negociaciones. Al ser preguntado sobre la posibilidad de que su defendido entregue bienes o recursos económicos como parte de una eventual negociación, Gerónimo afirmó que este no posee propiedades ni dinero que pueda devolver.
Las declaraciones del abogado se produjeron luego de que el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, dispusiera el mantenimiento de la prisión preventiva contra Guzmán Vásquez, al considerar que no han variado los presupuestos que dieron origen a la medida de coerción. El imputado es señalado por el Ministerio Público de formar parte de una estructura que habría gestionado autorizaciones médicas irregulares en el Senasa, como parte de un presunto fraude que habría provocado un perjuicio al Estado dominicano superior a los RD$15,900 millones.
