La controvertida sugerencia reaviva el debate sobre la estabilidad democrática en la región
El defensor del Pueblo de Perú, Josué Gutiérrez, generó polémica este jueves al afirmar que si la presidenta Keiko Fujimori disuelve el Congreso bicameral, su popularidad subiría entre 20 y 30 puntos porcentuales, en el primer mes de su gobierno. La declaración se produce en un contexto de tensiones entre el Ejecutivo y el Parlamento opositor.
En entrevista con la emisora Exitosa, Gutiérrez sostuvo que el gobierno de la derechista Fujimori «está haciendo agua por donde se le mire» y que solo con «medidas extraordinarias» podrá recuperar el orden, especialmente en seguridad ciudadana. Añadió que la crisis es tan urgente que las respuestas no pueden ceñirse «al estado convencional de la democracia».
«Si mañana, la señora Keiko Fujimori disuelve el Congreso, va a subir tranquilamente 20 o 30 puntos de su popularidad», expresó el defensor, aunque aclaró: «No estoy alentando (esa acción), porque soy un demócrata, creo en los principios». Advirtió que sin reformas estructurales el país seguirá «en más de lo mismo».
No obstante, la vía sugerida es inviable bajo las reformas constitucionales que restituyeron la Cámara de Senadores, instalada este año para la legislatura ordinaria. El último cierre del Congreso ocurrió en 2019 bajo el expresidente Martín Vizcarra, quien un año después fue destituido por el Parlamento por presuntos actos de corrupción. Vizcarra cumple reclusión en el penal de Barbadillo por delitos de su gestión como gobernador regional de Moquegua.
Según una encuesta de Datum Internacional de este mes, Fujimori inició su gobierno (2026-2031) con 60 % de aprobación, tras vencer en segunda vuelta al izquierdista Roberto Sánchez, quien representó al destituido expresidente Pedro Castillo (2021-2022), sentenciado por el fallido golpe de Estado de 2022. Este jueves, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, confirmó que el Ejecutivo aprobó un proyecto de ley de delegación de facultades legislativas que presentará mañana a la Cámara de Diputados. El paquete de 66 facultades busca combatir la criminalidad y modernizar el Estado.
