La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, presentó recientemente datos oficiales sobre la violencia homicida en el país señalando que el 59 % de los homicidios registrados tienen su origen en conflictos sociales, de los cuales el 73 % corresponde a riñas o enfrentamientos personales, el 19.2 % a violencia de género y el 7.8 % a otras causas.
De igual forma, situó la tasa acumulada de homicidios en 6.98 por cada 100,000 habitantes, la más baja para ese período en los últimos cuatro años.
Estos datos cuestionan la mirada que reduce el fenómeno de los homicidios a la delincuencia organizada.
A partir de que la mayoría de los homicidios se produce en el marco de conflictos interpersonales, la violencia letal debe analizarse como un fenómeno profundamente relacional, donde la interacción cotidiana entre individuos desempeña un papel central pues se encuentra matizada por relaciones familiares, conyugales, vecinales, afectivas o comunitarias que, bajo determinadas circunstancias, escalan hasta convertirse en violencia letal.
Las cifras oficiales también permiten reflexionar sobre el concepto de convivencia ciudadana.
Tradicionalmente, la seguridad pública ha sido concebida como una responsabilidad casi exclusiva de la Policía y del sistema judicial.
Sin embargo, si la principal fuente de homicidios son los conflictos sociales, el enfoque sobre seguridad más allá de ser policial debería ser un asunto de cohesión social.
De allí la pertinencia del enfoque asumido por sociólogos, economistas, demógrafos y trabajadores sociales durante el pasado foro sobre crimen, seguridad y violencia organizado por Listín Diario y la UASD.
Desde esta perspectiva, cobra especial importancia la propuesta anunciada por la procuradora general de la República Magistrada Yeni Berenice Reynoso quien propuso en su conferencia magistral “un Pacto de Estado contra la violencia y la criminalidad, que trascienda gobiernos y se convierta en una verdadera agenda nacional”.
Esta orientación coincide con el espíritu de los “diálogos por la convivencia pacífica” impulsados por Don Miguel Franjul y el Listín Diario, los cuales vienen privilegiando la mediación comunitaria, la construcción de confianza entre ciudadanos e instituciones y la intervención preventiva sobre los factores sociales que favorecen la escalada de los conflictos.
A sabiendas de que la categoría “conflictos sociales” agrupa situaciones muy complejas y diversas, véase: conflictos familiares, disputas vecinales, riñas entre conocidos, violencia de pareja, enfrentamientos derivados de actividades ilícitas o conflictos espontáneos, sería conveniente que futuras investigaciones profundizaran sobre la naturaleza específica de esos conflictos, identificando las trayectorias sociales de víctimas y victimarios, los contextos donde ocurren y las relaciones existentes entre ellos.
En este sentido, resulta indispensable que en el país podamos comprender mejor cómo, por qué y entre quiénes se producen los homicidios.
Solo un análisis desde las ciencias sociales basado en evidencia empírica, tal como lo insistió la magistrada Yeni Berenice en el último dialogo celebrado en el Museo del Ámbar de la Ciudad Colonial, permitirá diseñar políticas públicas orientadas no solo a reducir la violencia letal, sino también a fortalecer la convivencia democrática y la capacidad de la sociedad dominicana para resolver pacíficamente sus conflictos.
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