Abogado denuncia falta de habilitación y posible impunidad en un caso que expone fallas del sistema de salud
La demora de la Fiscalía de Santiago en acusar a los responsables de la muerte de Angélica Hernández durante una cirugía estética en la clínica Diosa, hace casi seis meses, pone en evidencia las fallas en la regulación de centros estéticos y la percepción de impunidad en el país.
El abogado de la familia, Pedro Domínguez Brito, cuestionó la lentitud del proceso penal pese a que las autoridades ya tienen el informe de autopsia y una comunicación del Ministerio de Salud Pública que indica que la clínica Diosa no estaba legalmente habilitada para realizar ese tipo de intervenciones quirúrgicas.
Según el jurista, la autopsia estableció como causas de muerte un edema pulmonar y un cuadro de sangrado, y consideró que el deceso pudo haberse evitado si la intervención se hubiese realizado en un centro con las condiciones y el equipamiento necesarios para responder ante una emergencia.
Domínguez Brito sostuvo que los médicos que participaron en el procedimiento conocían los riesgos de operar en un establecimiento sin habilitación, y advirtió que esta situación podría estar generando una percepción de impunidad entre quienes incurren en malas prácticas médicas.
El abogado reveló que ha recibido llamadas de otras personas que alegan haber sufrido consecuencias a raíz de procedimientos realizados por los mismos profesionales vinculados a la clínica Diosa. También informó que en la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de Santiago se conoce otro proceso civil relacionado con una presunta mala práctica médica en la que figura la clínica Diosa, en el que está involucrada una joven que sufrió graves complicaciones después de someterse a un procedimiento estético.










