El caso de Axel Ferreras evidencia tensiones entre el derecho a la defensa y la actuación policial en República Dominicana
Dos abogados denunciaron este martes que la Policía Nacional y el Ministerio Público se han negado a recibir a un joven de 19 años que busca entregarse voluntariamente, tras ser señalado en un presunto enfrentamiento a tiros con una patrulla policial en Barahona, a pesar de que la propia Policía difundió un aviso de búsqueda con orden judicial en su contra.
Los abogados Ariel Gómez Rubio y Gilbert Matos identificaron a su defendido como Axel Naviosky Ferreras, alias «Kutico», contra quien la Policía Nacional difundió un aviso de búsqueda en las redes sociales, en el que figura la orden judicial número 2026-AJ-001256. Según explicaron los juristas, desde la mañana del lunes han realizado diligencias ante la Subdirección Regional de Investigación (DICRIM), la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional y la Fiscalía de Barahona para poner al joven a disposición de la justicia, pero aseguran que ninguna de esas dependencias ha querido recibirlo.
Indicaron que inicialmente las autoridades alegaron que el joven debía presentarse con el arma de fuego que supuestamente utilizó para enfrentar a los agentes policiales y que, además, no existía una orden de arresto en su contra. Sin embargo, los abogados cuestionaron que posteriormente la propia Policía Nacional publicara un aviso de búsqueda en el que aparece una orden judicial contra Ferreras, situación que consideran contradictoria frente a los argumentos utilizados para rechazar su entrega.
Gómez Rubio y Matos afirmaron que también realizaron gestiones ante instancias policiales en Santo Domingo, incluyendo contactos a través de la vocería de la institución, sin conseguir que su defendido fuera recibido. Los representantes legales sostuvieron que Ferreras niega tener un arma de fuego en su poder, por lo que entienden que las autoridades no pueden condicionar su entrega a la presentación de un objeto cuya posesión él rechaza, y manifestaron que corresponde a la Policía Nacional y al Ministerio Público desarrollar las investigaciones necesarias para establecer si el joven utilizó un arma durante el incidente y determinar su posible responsabilidad penal.
Los juristas consideraron que la negativa a recibir a una persona que manifiesta su disposición de someterse a la justicia constituye una actuación preocupante que, a su entender, vulnera principios fundamentales del Estado de derecho. Aseguraron que sectores de la comunidad jurídica de Barahona rechazan ese procedimiento, al considerar que las instituciones encargadas de perseguir los delitos también están obligadas a respetar las normas legales. Aclararon que no pretenden justificar acciones delictivas ni impedir las investigaciones, sino garantizar que su defendido pueda comparecer ante las autoridades y ejercer su derecho a la defensa, e insistieron en que cualquier persona señalada por la comisión de un hecho delictivo debe responder ante los tribunales, pero dentro de los procedimientos establecidos por la legislación dominicana.
