El caso de los mellizos de 16 años reaviva el debate sobre uso de la fuerza y garantías procesales en República Dominicana
La muerte de los hermanos Randy Omar Borges Jiménez y Omar Randy Borges Jiménez, de 16 años, durante un operativo policial en Santo Domingo Este ha generado cuestionamientos sobre el proceder de los agentes, mientras sus familiares denuncian abuso y esperan la entrega de los cuerpos por parte del Inacif.
Manuel Antonio Sugilio Soriano, familiar de los mellizos, afirmó que los agentes irrumpieron en la vivienda, rompieron la puerta y dispararon contra los adolescentes, quienes estaban acostados en bóxer. ‘Ahí los mataron’, declaró, y calificó el hecho como un abuso. Sostuvo que los jóvenes no tenían problemas con otras personas y que nunca habían sido fichados.
Danilo Reyes, otro familiar, insistió en que los adolescentes no tenían antecedentes policiales y consideró que, de existir acusaciones, debieron ser arrestados y sometidos a la justicia. ‘Ellos lo que tenían era que agarrarlos y llevárselos presos, y no ejecutarlos así’, expresó. También denunció que fue rota una puerta de la vivienda y que el padre de los jóvenes habría recibido golpes.
La Policía Nacional informó que los hermanos eran buscados mediante cuatro órdenes de arresto por presunta vinculación con atracos a mano armada. Las órdenes, con números RAJ-2026-17584, RAJ-2026-07485, 2026-AJ0037177 y RAJ-2026-07841, corresponden a hechos ocurridos entre mayo y octubre de 2026 en perjuicio de Jean Carlos Zabala Cordero, Mackendi Fritz y Harlin Omar Encarnación Veloz. La Policía Científica ocupó dos pistolas en la escena: una Taurus PT111G2 y una Glock 19, ambas calibre nueve milímetros.
Los familiares cuestionaron que los adolescentes estuvieran armados al momento del operativo y rechazaron los señalamientos en su contra. La familia aún evalúa si emprenderá acciones legales y espera recibir los cuerpos en el Inacif para darles sepultura. El caso ha reavivado el debate sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades y el respeto a las garantías procesales, especialmente cuando están involucrados menores de edad.
