Leyes 176-07 y 63-17 obligan al Ayuntamiento a garantizar aceras y vías libres
La ocupación irregular de calles y aceras en el Distrito Nacional plantea un desafío de gobernanza urbana: el Ayuntamiento, liderado por Carolina Mejía, enfrenta la obligación legal de recuperar el espacio público mientras los operativos muestran resultados limitados.
En numerosos barrios del Distrito Nacional, las calles y aceras han dejado de ser espacios públicos para convertirse en territorios administrados por particulares mediante conos, cadenas, neumáticos, piedras y vehículos abandonados. Esta situación afecta especialmente a personas envejecientes, ciudadanos con discapacidad, niños y peatones obligados a caminar entre vehículos en movimiento.
El marco legal es claro: la Ley 176-07 atribuye al Ayuntamiento competencias sobre ordenamiento del tránsito, gestión del espacio público y conservación de aceras y vías. La Ley 63-17 prohíbe estacionar sobre aceras y a menos de un metro de entradas de garajes, con condiciones y excepciones. Garantizar el uso adecuado de esos espacios es una obligación institucional, no una concesión graciosa.
El Ayuntamiento informó que durante 2025 recuperó aproximadamente 35,000 metros lineales de espacios públicos y documentó intervenciones en Arroyo Hondo y otros sectores en 2026. No obstante, persisten interrogantes sobre la continuidad, distribución territorial y efectividad de los operativos, así como sobre los mecanismos de vigilancia permanente y la resolución de denuncias ciudadanas.
La alcaldesa Carolina Mejía, como máxima autoridad ejecutiva municipal, debe rendir cuentas sobre las políticas implementadas, los recursos utilizados y los resultados obtenidos. También corresponde exigir actuaciones coordinadas al INTRANT. El caso refleja un desafío nacional de gobernanza urbana y respeto al Estado de derecho en las ciudades dominicanas.
