La magistrada Altagracia Ramírez de la Cruz sustentó el envío a juicio oral del exministro de Hacienda en una resolución de más de 3,400 páginas que desmenuza y rechaza uno a uno los argumentos defensivos. «Contrario a lo indicado por sus defensas, observamos que sí puede dar lugar a que se configuren los tipos penales», recoge textualmente la sentencia dictada tras la audiencia preliminar.
La estructura criminal que persigue el Ministerio Público habría sustraído más de 19,000 millones de pesos del erario. Para sostener la imputación, los fiscales incorporaron más de 1,700 medios probatorios: pericias, documentos, declaraciones testimoniales y evidencia material vinculada a expropiaciones y operaciones financieras de décadas atrás. La jueza ponderó además la naturaleza compleja del litigio: 40 imputados y más de 500 víctimas agrupadas en masas sucesorales.
Incidentes rechazados y pruebas validadas
Los abogados de Guerrero intentaron excluir pruebas alegando manipulación, tergiversación y falta de autenticidad. También impugnaron informes de la Unidad Antifraude de la Contraloría General. La magistrada rechazó cada objeción al constatar que las defensas tuvieron acceso oportuno a toda la documentación del expediente y contaron con tiempo razonable para examinarla y preparar sus medios de defensa.
Sostuvo además que los cuestionamientos sobre valoración probatoria corresponden al debate de fondo, no a la fase preliminar. En cuanto a la tipificación jurídica, la acusación describe roles específicos y particulares para cada involucrado, lo que permite mantener provisionalmente el cargo de asociación de malhechores. Según la fiscalía, Guerrero instrumentalizó dependencias estatales para ejecutar pagos irregulares, expropiaciones y cesiones de crédito que financiaron actividades políticas y beneficiaron a particulares.
