Ministerio Público solicitó 30 años en ambos casos, pero tribunales impusieron la mitad
El Ministerio Público informó este miércoles sobre dos condenas de 15 años de prisión cada una por homicidios en Santo Domingo Este, en las que el órgano acusador había solicitado 30 años. Los fallos reflejan la discrecionalidad de los tribunales colegiados al momento de imponer penas.
En el primer caso, Daury Henríquez Castro fue condenado por la muerte de Erick Ortiz Senatus, ocurrida el 11 de octubre de 2025 en el sector Cancino Adentro, Santo Domingo Este. Según el expediente, Henríquez Castro atacó a Ortiz Senatus con un arma blanca en el costado izquierdo cuando la víctima se encontraba en la residencia de una amiga, adonde había acudido a buscar productos comestibles. El hecho se produjo en medio de problemas personales entre ambos. El Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este impuso 15 años de cárcel, aunque el Ministerio Público solicitó 30. La pena se cumplirá en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
En el segundo caso, Alexander Mejía Mora, también conocido como Alex y/o Livio Alexander Mejía Mora, fue condenado a 15 años de prisión por la muerte de Cristofer García durante un tiroteo en el sector Los Minas el 11 de enero de 2024. De acuerdo con el Ministerio Público, Mejía Mora acudió al lugar donde su pareja compartía con otras personas y la abofeteó; tras la intervención de los presentes, se retiró y regresó minutos después con un arma de fuego acompañado de otros dos hombres. Los tres, en dos motocicletas, realizaron varios disparos y uno de los proyectiles impactó a García, quien falleció.
El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a Mejía Mora a 15 años de cárcel y ordenó el pago de una indemnización de un millón de pesos a los familiares de la víctima. La sentencia deberá cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo. En este proceso, el Ministerio Público también había solicitado una pena de 30 años.
Ambos casos reflejan la tendencia de los tribunales colegiados a imponer penas inferiores a las solicitadas por el Ministerio Público, un patrón que genera debate sobre la proporcionalidad de las condenas y la efectividad del sistema de justicia penal dominicano. Las decisiones judiciales se producen en un contexto de preocupación nacional por la seguridad ciudadana y la respuesta del Estado ante los homicidios.
