Fiscalía alega riesgo de fuga extremo y peligro público; defensa pide arresto domiciliario por salud cardíaca
El Gobierno de Estados Unidos se opuso formalmente a la libertad bajo fianza de Cilia Flores, esposa del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, al considerar que existe un riesgo de fuga extremo y que representa un peligro para el público. El juicio conjunto por narcoterrorismo y corrupción está previsto para el 1 de junio de 2027 en Nueva York.
En documentos judiciales presentados en las últimas horas ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales federales solicitaron al juez desestimar la moción de la defensa para conceder a Flores la libertad previa al inicio del proceso que enfrenta junto a Maduro. La Fiscalía argumentó que ningún tipo de fianza garantizaría adecuadamente la comparecencia de Flores ante los tribunales y destacó sus recursos, conexiones internacionales y la gravedad de las acusaciones formuladas en su contra.
El memorando también resaltó la capacidad que seguiría teniendo el entorno de Flores para ejercer violencia o intimidar a posibles testigos, tanto en Venezuela como en el extranjero, mediante redes estatales y grupos irregulares organizados. La defensa de Flores, de 69 años, pidió a principios de mes que fuera trasladada a una residencia privada en Nueva York y sometida a un régimen de arresto domiciliario, con guardias armados las 24 horas, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas.
Flores asegura que necesita un complejo tratamiento cardíaco y que la cárcel federal en la que permanece recluida desde el 3 de enero, cuando fue capturada junto a Maduro por fuerzas especiales estadounidenses, no reúne las condiciones necesarias para su recuperación. El juicio conjunto contra Flores y Maduro está previsto que comience el 1 de junio de 2027.
Ambos enfrentan cargos que incluyen conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, en el marco de una trama de narcoterrorismo y corrupción que, según la acusación, abarca más de dos décadas. De ser declarada culpable, Flores se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y a un máximo de cadena perpetua.
