Investigador de la PUCMM revela que el dinero se maneja sin estructura institucional adecuada
Un análisis de Luis Humberto Vargas, de la PUCMM, expone que los fondos de la minería en Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez, que suman RD$2,699 millones entre 2015 y 2025, no se invierten como ordena la Ley 64-00, sino que dependen del Presupuesto Nacional.
El llamado ‘triángulo minero’ de República Dominicana, integrado por Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez y La Vega, debería recibir el 5% de los beneficios netos de las empresas mineras para comunidades afectadas, según la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00. Entre 2015 y 2025, solo Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez recibieron RD$2,699 millones 999 mil, administrados por el Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros de Sánchez Ramírez (Fomisar).
Pero el recorrido real del dinero es otro: las mineras pagan impuestos como el Impuesto sobre la Renta y la Participación de Utilidades Netas a la DGII; los recursos entran a la Tesorería Nacional y a la cuenta única del Estado bajo Hacienda. La asignación final no se determina por el porcentaje legal, sino por lo que apruebe el Congreso Nacional cada año en la Ley de Presupuesto, y luego el Gobierno central transfiere a los consejos provinciales, generalmente a través del Ministerio de Energía y Minas.
Luis Humberto Vargas, investigador del Centro de Estudios Económicos y Sociales Padre José Luis Alemán de la PUCMM, declaró a que hay desconocimiento sobre el verdadero objetivo del 5%. Recordó que la demanda fue impulsada por monseñor Juan Antonio Flores Santana tras un acuerdo con el entonces presidente Joaquín Balaguer, y que el dinero no era para municipios o provincias, sino directamente para comunidades campesinas afectadas por la minería.
‘El objetivo del cinco por ciento no era entregarlo al municipio ni a la provincia, era directamente a las comunidades, específicamente campesinas, y que ellos pudieran decidir en qué lo quisieran gastar’, afirmó Vargas. Añadió que no se desarrolló una estructura institucional sólida para administrar estos recursos y que el fondo fue manejado sin infraestructura adecuada. Aun así, el reclamo sigue vigente.
