Aristóteles y la brecha entre legalidad y equidad en las decisiones públicas contemporáneas
La distinción aristotélica entre justicia legal y justicia natural sigue siendo clave para entender los debates actuales sobre reformas fiscales, distribución del presupuesto e informalidad, con implicaciones para la estabilidad institucional en América Latina y el mundo.
En la vida cotidiana, lo justo y lo correcto no siempre expresan la misma realidad. Desde la antigüedad, Aristóteles distinguía entre la justicia legal y la justicia natural o equitativa; distinción que sigue hoy siendo válida si aceptamos que una decisión puede ser correcta porque se ajusta a la ley, a un procedimiento o a una norma establecida y, aun así, ser percibida como injusta por sus consecuencias. Del mismo modo, una causa puede parecernos profundamente justa, aunque su defensa implique actuaciones incompatibles con el orden jurídico o con principios éticos igualmente valiosos.
Comprender esta diferencia resulta esencial para analizar muchas de las decisiones económicas, sociales y políticas que enfrenta la sociedad dominicana. No se trata de una distinción puramente filosófica, sino de un dilema presente en los gobiernos, las empresas, las familias y la vida cotidiana. En materia de políticas públicas, las reformas fiscales son un buen punto de partida. Suelen justificarse por razones de sostenibilidad de las finanzas públicas, eficiencia recaudatoria o estabilidad macroeconómica, y, desde una perspectiva técnica, muchas pueden estar plenamente justificadas. Sin embargo, cuando la ciudadanía percibe que las cargas tributarias no se distribuyen equitativamente, que subsisten privilegios injustificados o que los recursos públicos no se administran con transparencia y eficacia, surge una sensación de injusticia que debilita la confianza en las instituciones y reduce el respaldo social hacia dichas reformas.
Algo similar ocurre con la asignación del presupuesto público. Un gobierno puede distribuir los recursos siguiendo criterios de eficiencia económica y obtener, en el papel, una decisión técnicamente adecuada. Pero esa misma lógica puede profundizar las desigualdades entre territorios o grupos sociales con diferentes condiciones de partida. Una política verdaderamente justa exige complementar la eficiencia con la equidad, porque gobernar no consiste únicamente en administrar recursos, sino también en ampliar oportunidades para quienes enfrentan mayores desventajas. La elevada informalidad laboral ilustra la misma situación desde otro ángulo. Para miles de trabajadores y pequeñas empresas, operar al margen de la formalidad constituye, más que una decisión deliberada de incumplir la ley, una estrategia de supervivencia frente a barreras económicas, regulatorias y financieras.
Exigir el mismo nivel de cumplimiento a quienes parten de condiciones profundamente desiguales puede ser jurídicamente correcto, pero socialmente insuficiente si no se crean oportunidades reales para incorporarse a la economía formal. En este contexto, la inclusión financiera deja de ser un objetivo sectorial para convertirse en una condición necesaria para la formalización, el progreso económico y la movilidad social. El ámbito político no escapa a este dilema. La aplicación estricta de las normas fortalece el Estado de derecho, pero cuando las decisiones públicas se perciben distantes de las necesidades reales de la población, lo formalmente correcto deja de coincidir con lo sustancialmente justo. No obstante, la experiencia demuestra que existen decisiones en las que lo justo y lo correcto logran converger, y vale la pena detenerse en cómo ocurre esa convergencia. Un ejemplo elocuente de esa convergencia es el fortalecimiento de la regulación financiera dominicana tras
