En la República Dominicana se respira un malestar creciente.
La sensación de que el país atraviesa una desintegración institucional y moral no es solo percepción individual: es un sentimiento compartido por amplios sectores de la sociedad, que ni la millonaria inversión en publicidad estatal ha logrado ocultar.
El exceso de privilegios para sectores como el turismo y un empresariado que financia campañas políticas con recursos de dudosa procedencia se traduce en que las grandes obras terminan siempre en manos de los mismos contratistas.
Aunque aparentan cumplir con la Ley de Compras y Contrataciones, es un secreto a voces que muchas licitaciones están arregladas.
Los escándalos de corrupción en Agricultura, Banco Agrícola, Educación, Juventud y la Lotería, junto con préstamos irregulares a funcionarios y la falta de transparencia en compras públicas, reflejan un sistema debilitado y un gobierno en decadencia.
A esto se suma la connivencia del gobierno con empresarios indolentes y legisladores privilegiados, una Cámara de Cuentas desacreditada y partidos políticos enfrascados en guerras internas.
Veamos: Corrupción: El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC 2025) otorgó al país 37 puntos, su mejor puntuación histórica, pero aún ocupa el puesto 99 de 182 países, lejos de Uruguay (73) y Chile (63).
A esto se suma que quien suple los datos es una entidad de la sociedad civil que es socia del gobierno, por la gran cantidad de sus miembros que ocupan puestos en el Estado.
En educación, La cobertura escolar alcanza el 92.6 % en primaria y 70.7 % en secundaria, pero la deserción sigue en 4.9 % en secundaria.
El gasto público se mantiene en 3.8 % del PIB, insuficiente para cerrar brechas y las infraestructuras escolares están atrasadas en cuanto a construcción y mantenimiento, todavía hay escuelas con letrinas.
En Salud: Se realizaron 629,000 cirugías y 7.7 millones de consultas médicas en 2025, pero solo el 45.3 % de la población accede a agua potable segura.
Y no se conoce cuantas de estas intervenciones son a población propia y cuantas a haitianos.
En materia de transporte, por un lado, los taponamientos del Gran Santo Domingo no mejoran, por más inventos y decisiones que se han tomado desde el INTRAN, por otro lado, los motoristas le han ganado la guerra a la autoridad, andan indocumentados a sus anchas violando semáforos y subiendo elevados.
En Inseguridad: La tasa de homicidios bajó a 8.7 por cada 100,000 habitantes, pero el 37.5 % de los ciudadanos identifica la delincuencia como su principal preocupación.
Es sabido que existe un subregistro en materia de reporte de esos casos.
En Pobreza y desigualdad: La pobreza monetaria descendió a 17.3 %, sacando a 172,000 personas de esa condición en 2025.
Sin embargo, la desigualdad aumentó: el índice de Gini pasó de 0.376 en 2022 a 0.389 en 2025.
En Medio ambiente: El Anuario Ambiental 2025 reporta deforestación, contaminación del aire y baja gestión de residuos sólidos, mientras la cobertura de agua potable sigue siendo crítica.
La Justicia politizada: La justicia dominicana está secuestrada y parcializada.
Como dijo monseñor Arnulfo Romero, “es como la serpiente, que solo muerde a los que están descalzos”.
Los fallos judiciales parecen responder más a intereses políticos que a la ley.
El Ministerio Público, que debería ser independiente, actúa con selectividad, reforzando la percepción de desigualdad ante la justicia.
La crisis no es producto de la imaginación, sino de hechos respaldados por cifras oficiales y por instituciones debilitadas.
La corrupción, la desigualdad, la precariedad en servicios básicos, los altos precios de productos alimenticios y de combustibles, unido a una justicia politizada, siguen erosionando la confianza en el futuro del país.
Aunque las cifras oficiales le sonríen a las cámaras, en los barrios la gente llora.
El verdadero cambio será cuando la ciudadanía lo viva, no cuando solo lo midan o lo anuncien con bombos y platillos.
Tags relacionados LAS MÁS RECIENTES PETRÓLEO TEXAS CIERRE.
