Díaz Santana Creado: 08.06.2026 | 13:05 Actualizado: 08.06.2026 | 13:05 El informe de la Coalición por una Seguridad Social Digna plantea que desde el 2010 al 2024 prácticamente el 90% de los recursos del Régimen Contributivo (RC) se transfirieron a los prestadores privados de servicios de salud y también, el 52.3% de los recursos del Régimen Subsidiado (RS).
*Estas informaciones son ciertas, pero ocultan grandes verdades*.
La Coalición califica estos resultados como “transferencias” para confundir, porque no le conviene reconocer que son pagos reales de las ARS a las PSS privadas, como resultado de las grandes preferencias por los servicios privados de más de 10 millones de afiliados.
Ello implicaría aceptar que los servicios públicos de salud resultan inaceptables para la gran mayoría de la población porque en su mayoría son insuficientes, inoportunos y de baja calidad*.
Hasta las familias más pobres prefieren pagar copagos elevados e injustos, antes que acudir a los hospitales públicos, salvo algunas excepciones*.
No pueden reconocer esta incómoda realidad porque su recomendación es la estatización total de la salud.
Resulta incoherente hablar de seguridad social digna cuando *no existe el menor respeto ni valoración del hecho de que son los propios afiliados quienes libremente han decidido, de manera consciente y consistente, asignar los recursos de sus cotizaciones de acuerdo a sus propias necesidades e intereses*.
Cuando promovíamos el SDSS decíamos “*donde vayan las preferencias de los afiliados, irán los recursos de la seguridad social*”.
La clave de esta Ley reside en asignar poder de decisión de los afiliados en función de sus prioridades*.
Un poder popular que elimina los privilegios y las prepotencias de los políticos, de los burócratas y de los gremios profesionales que siempre se han servicio con la cuchara grande.
La Coalición señala que «estos más de 73 mil millones de pesos, contabilizados del 2010 al 2024, debieron haber ido a los prestadores públicos, un financiamiento sustraído contra la Ley”.
Falso.
La Ley 87-01 nunca asigna los recursos directamente a los hospitales (PSS) porque ello no garantiza un retorno adecuado en servicios de calidad.
“Los beneficios acumulados por las ARS privadas ascendieron a 24,000 millones en 18 años”.
Pero llama poderosamente la atención que, sin embargo, la Coalición silencia que en sólo un año los copagos ilegales superan ese monto, sin entregar una factura ni pagar impuesto.
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