Medidas contra especulación inmobiliaria buscan calmar protestas a un año de elecciones
El gobierno de España presentó este martes un conjunto de medidas para enfrentar la crisis de la vivienda, tras intensas negociaciones en la coalición y bajo la presión de protestas ciudadanas. La aprobación final queda en manos de un Parlamento fragmentado, a menos de un año de las elecciones previstas para 2027.
El Consejo de Ministros de España anunció la suspensión de los desalojos de ‘personas vulnerables sin alternativa habitacional’ hasta 2030 y la renovación automática de los contratos de alquiler cuando venzan, dos demandas centrales de los manifestantes que acampan en la Puerta del Sol de Madrid. La indignación estalló tras el desalojo de Maricarmen Abascal, una madrileña de 87 años que se vio obligada a abandonar el piso en el que vivía desde hacía siete décadas, después de que una empresa de inversión lo adquiriera.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, destacó que es ‘un acuerdo de mucha relevancia social’ y ‘el principal problema de los españoles y las españolas’. El gobierno pretende ‘paralizar compras especulativas’ e identificar los ‘fondos buitre’ para prohibirles ‘que sigan mercadeando con un bien esencial’ como la vivienda, aunque no detalló los instrumentos. También prevé la ‘regulación’ de los alquileres de temporada y de habitaciones, según la ministra de Sanidad, Mónica García.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebró en un video publicado en X ‘un paquete ambicioso de medidas’ que, según resaltó, también establece como prioridad ‘acabar con la especulación y los abusos en el mercado de la vivienda’. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, afirmó que es ‘magnífico’ para inquilinos y pequeños propietarios, pero ‘malo para especuladores’.
El Congreso de los Diputados celebrará el viernes un pleno extraordinario para debatir y votar estos decretos ley, según precisó Rodríguez, que llamó a todas las formaciones políticas, incluida la oposición de derechas y de extrema derecha, a formar una ‘mayoría social’ para aprobar ambos textos. El Sindicato de Inquilinos, uno de los grandes propulsores de las manifestaciones, consideró una ‘victoria del poder popular’ los anuncios del gobierno, pero advirtió que ‘esto acaba de empezar’.
