La Oficina del Abogado General de la Administración Pública busca profesionalizar la representación legal del Estado
El Ministerio de Justicia presentó la Oficina del Abogado General de la Administración Pública, una instancia llamada a fortalecer la representación jurídica del Estado mediante una defensa técnica, especializada y coordinada. El acto se enmarcó en el segundo aniversario de la reforma constitucional de 2024.
La presentación se realizó el pasado martes en el salón Las Américas del hotel Crowne Plaza, en Santo Domingo, con la participación del ministro de Justicia, Antoliano Peralta; el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund; y el abogado general de la Administración Pública, Jorge Herasme Rivas. Asistieron jueces de la Suprema Corte de Justicia y representantes de otras instituciones del Estado, principalmente directores y encargados jurídicos del sector público.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Freund, quien destacó el fortalecimiento de la independencia del Ministerio Público y la institucionalización de la defensa jurídica del Estado con la creación del Ministerio de Justicia. La Oficina del Abogado General está dirigida por un abogado general designado por el presidente de la República, puede contar con hasta cinco abogados adjuntos y un cuerpo de abogados vinculado a una carrera administrativa especial, con el fin de profesionalizar y dar continuidad a la defensa jurídica estatal.
Según un comunicado de prensa, el ministro de Administración Pública explicó que estas iniciativas responden a la necesidad de modernizar el sistema de justicia y delimitar las funciones institucionales, separando la persecución penal, a cargo del Ministerio Público, de la formulación de políticas públicas en materia de justicia. Resaltó la importancia de una estructura especializada para defender los intereses jurídicos del Estado y fortalecer los mecanismos de control, fiscalización y rendición de cuentas.
El abogado general Jorge Herasme Rivas explicó que la oficina tiene como objetivo garantizar una representación permanente, coordinada y especializada de la Administración Pública ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Destacó que su funcionamiento requiere estrecha colaboración con las direcciones jurídicas de las instituciones para asegurar una defensa coherente, sustentada en el conocimiento de los expedientes y las actuaciones administrativas que originan los procesos judiciales. Durante la jornada se desarrollaron dos paneles de discusión sobre los desafíos institucionales de la representación y defensa jurídica del Estado.
