Reconstrucción de casos revela impunidad y contradicciones en la protección forestal
Desde 2022, el Estado dominicano ha protagonizado talas en áreas protegidas y espacios públicos sin que se conozcan sanciones contundentes. La Gobernación de Peravia es solo la punta del iceberg de un patrón nacional.
Las marcas de herramientas mecánicas en los troncos de los robles de Baní, cortados a finales de octubre, son la evidencia física de una acción destructora en zona urbana. La pregunta va más allá del porqué: ¿quién responde cuando el que corta es el propio Estado? La Gobernación de Peravia no es un caso aislado. Desde 2022 se han registrado talas en parques, avenidas, playas, terrenos protegidos y hasta en el patio de una casa del Distrito Nacional. Algunas terminaron en sometimientos o despidos; otras, en permisos firmados de antemano, explicaciones técnicas o silencio.
En mayo de 2022, el Ministerio de Medio Ambiente sometió a la justicia a José (Richard) Valdez Mora, director municipal de Palmarejo Villa Linda, en Los Alcarrizos, por talar 330 árboles en un área verde protegida de Pantoja, kilómetro 17 de la autopista Duarte. Valdez Mora había solicitado un permiso que le fue denegado. El entonces ministro Orlando Jorge Mera lo resumió: “Por alguna razón, él se fue por encima de la ley”. La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente se quejó de que ni el ministerio ni el Senpa le notificaron y de que los troncos fueron trasladados sin presencia del Ministerio Público, lo que calificó como “obstrucción”.
En junio de 2024, el exvicepresidente Jaime David Fernández Mirabal difundió un video de árboles podados en el parque Mirador Sur, en el Distrito Nacional, y denunció que la intervención se hizo a petición del propietario de una torre porque supuestamente le tapaban la vista al mar. Medio Ambiente concluyó que hubo una “poda inapropiada” instruida por la administración del parque, bajo responsabilidad de la Alcaldía del Distrito Nacional. La alcaldía investigó internamente, determinó que 17 árboles fueron podados sin supervisión técnica ni autorización del departamento de Foresta Urbana, separó a dos colaboradores y anunció una denuncia ante la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente. A la fecha no se conoce públicamente el resultado ni si hubo consecuencias para quien solicitó la poda.
Durante 2025 las talas se sucedieron entre febrero y agosto en distintos sectores del Distrito Nacional. En febrero aparecieron troncos y ramas de uva de playa y almendros sobre la arena entre Güibia y el muelle de Los Pescadores, en el Malecón de Santo Domingo. Medio Ambiente, a través del Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos, confirmó que no otorgó permiso para esa tala e investigaba a los responsables, pero no se publicaron resultados. Entre finales de febrero y marzo, la construcción de obras también afectó árboles. Este patrón de impunidad ambiental se repite a nivel nacional y plantea un desafío para la institucionalizad y la sociedad civil.
