Desde frenos al precio hasta subsidios, el continente busca equilibrar oferta y acceso a la vivienda
La crisis de vivienda en España refleja un fenómeno europeo que los gobiernos abordan con estrategias opuestas: algunos intervienen los precios y frenan desahucios, otros apuestan por el mercado. Estas medidas marcan tendencia en el debate global sobre política habitacional.
La crisis de vivienda que atraviesa España no es una situación aislada en Europa. El encarecimiento de los precios, la escasez de oferta y los desahucios son problemas compartidos, y los países responden de manera distinta: algunos impulsan políticas más liberales, que apuestan por no topar el precio de los alquileres, mientras otros adoptan medidas más intervencionistas y paralizan los desahucios.
Alemania, ante un déficit de 1.3 millones de viviendas, aprobó en 2015 el ‘freno al precio del alquiler’, que permite a los estados federados determinar zonas ‘pensionadas’ y limitar los nuevos contratos a un máximo del 10% por encima del alquiler medio. Berlín, Hamburgo o Colonia aplican controles sobre viviendas turísticas y exigen sistemas de identificación, y en Múnich las autoridades pueden recurrir a datos de electricidad y agua para comprobar si una vivienda permanece vacía. En Francia, ciudades como París o Lyon fijan un alquiler máximo por metro cuadrado. Austria impulsó en enero un ‘freno a los alquileres’ que limita el aumento al 1% en 2026 y al 2% en 2027 para pisos construidos antes de 1945, y para los de mercado libre el alquiler solo puede subir una vez al año. En Polonia, el precio lo fija el mercado, pero el propietario debe notificar la subida con tres meses de antelación; en alquileres indefinidos solo puede finalizarlos por causas concretas, similar a Rumanía, que no tiene regulación ni topes excepto en vivienda social.
Italia, con Giorgia Meloni, sacó adelante el programa ‘Piano Casa Italia’ para recalificar en la próxima década unos 60,000 inmuebles públicos o concertados y ofrecerlos a precios asequibles. En desahucios, Francia cuenta con la ‘tregua invernal’ que impide expulsiones entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, medida que comparten Polonia y las regiones de Bruselas y Valonia, en Bélgica. Portugal, con el Gobierno de Luis Montenegro, propuso reformar el mercado del alquiler y acelerar los desahucios, permitiendo desahuciar con dos meses de rentas impagadas frente a los tres actuales, sin provocar reacción social por el momento, a diferencia de España, donde hubo protestas masivas contra los desahucios y los fondos buitre.
En Finlandia, aunque no existe una legislación específica antidesahucios, los inquilinos de bajos ingresos reciben un subsidio específico para pagar el alquiler y pueden solicitar de manera urgente el subsidio de asistencia social básica de forma retroactiva para saldar la deuda y frenar el proceso judicial. Grecia, por su parte, no solo no cuenta con ley antidesahucios, sino que [el texto original se corta aquí].
