VI Congreso del TC reúne juristas de España, Perú y RD para analizar tendencias penales
El Tribunal Constitucional dominicano celebra el VI Congreso Internacional de Derecho y Justicia Constitucional, que en su segunda jornada reunió a destacados juristas internacionales para analizar garantías procesales, populismo penal y las reformas al Código Procesal Penal dominicano, en un contexto regional de debate sobre seguridad y justicia.
La segunda jornada del VI Congreso Internacional de Derecho y Justicia Constitucional, organizado por el Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana, puso el foco en los desafíos contemporáneos del debido proceso y las reformas normativas. El evento, que se celebra este martes, contó con la participación de catedráticos y jueces de España, Perú y República Dominicana.
El doctor Manuel Cancio Meliá, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, advirtió que las normas procesales restrictivas para ciertos delitos plantean serios desafíos a las garantías constitucionales. Por su parte, la doctora María Sagüés, de la Universidad Austral, subrayó la importancia de cumplir con las garantías para salvaguardar la defensa efectiva. El doctor Eduardo Jorge Prats, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, criticó el impacto del populismo penal en el debido proceso y abogó por límites al poder punitivo del Estado.
El magistrado Francisco Ortega Polanco, juez de la Suprema Corte de Justicia, sostuvo que la relación entre las cortes supremas debe basarse en el diálogo y la colaboración, no en el conflicto. Asimismo, Gerardo Eto Cruz, exjuez del Tribunal Constitucional del Perú, destacó el papel de los tribunales constitucionales en el control de los excesos de poder y exhortó a los jueces a no dejarse presionar.
En el panel sobre las novedades del nuevo Código Procesal Penal dominicano, la jurista Emery Colomby Rodríguez señaló que la reciente reforma contiene restricciones que deben examinarse desde la Constitución. El jurista Francisco Álvarez resaltó la revolución jurisprudencias de la última década, mientras que Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, expuso puntos trascendentes de la reforma procesal que impactan el ámbito penal.
