Jueza federal bloquea acciones del DHS en nueve estados hasta que el Gobierno apele
Una jueza federal en California bloqueó la mayor parte de las operaciones de campo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) centradas en el fraude electoral en nueve estados, en un fallo emitido el miércoles y divulgado este jueves. La decisión afecta directamente al Gobierno de Donald Trump y establece un precedente sobre los límites de la investigación electoral.
El dictamen de la jueza Araceli Martínez-Olguín prohíbe al DHS llevar a cabo ‘operaciones de campo y entrevistas en terreno relacionadas con las elecciones’ en California, Connecticut, Georgia, Misuri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin. La demanda fue presentada por la Asociación de Enfermeras de California y National Nurses United, junto con la Fundación Voto Latino, la ciudad de San Francisco y el condado de Santa Clara.
En las últimas semanas, agentes del DHS han adelantado varios operativos relacionados con el fraude electoral, en los que han cuestionado a votantes inscritos a partir de listas provenientes tanto de padrones electorales estatales oficiales como de bases de datos comerciales, que la jueza calificó como ‘cuestionables’. El fallo de 19 páginas aclara que no se alega ni el tribunal considera ilegal que los funcionarios federales investiguen el voto ilícito en elecciones federales, sino que se busca impedir que intimiden a ciudadanos estadounidenses y amenacen su participación en los comicios.
Las operaciones quedan bloqueadas únicamente en los casos en que los agentes del DHS sospechen de personas que, a su juicio razonable, son ciudadanos estadounidenses. Beau Tremitiere, abogado de la organización Protect Democracy que representa a los demandantes, dijo en un comunicado que el fallo debe recordar que en la democracia estadounidense el poder supremo reside en los ciudadanos estadounidenses y no en el Gobierno.
La jueza ha dado plazo hasta este viernes para que entre en vigor la orden, dando oportunidad al Gobierno del presidente Donald Trump de apelar la decisión. Un portavoz del DHS afirmó al periódico Washington Post que la agencia no tiene previsto investigar a los votantes que considera ciudadanos estadounidenses. El caso refleja la tensión entre las políticas migratorias y electorales de la actual administración y los límites judiciales, un debate con eco entre la diáspora dominicana en Estados Unidos.
