La procuradora General de la República presentó en el Foro de Contratación Pública su conferencia sobre prevención de la corrupción, pero el debate nacional revela que las mujeres son las principales víctimas de la desviación de fondos, la impunidad y el clientelismo, un patrón que se repite en la región y afecta a la diáspora.
Durante el Foro de Contratación Pública, la procuradora General de la República ofreció la conferencia «Hacia una gestión pública íntegra: Prevención y lucha contra la corrupción», donde señaló que los actos de corrupción afectan directamente a la población, con ejemplos graves en el sector salud. No obstante, un análisis más profundo muestra que estos delitos impactan de manera diferenciada y desproporcionada a las mujeres, debido a las desigualdades estructurales de género y su dependencia de los servicios públicos básicos.
En República Dominicana, la corrupción estatal desvía recursos de sectores esenciales, perpetuando brechas de desigualdad de género arraigadas. A pesar de leves mejoras institucionales, el impacto social sigue siendo crítico para la población femenina, manifestándose en un sistema de salud pública deficiente, impunidad ante la violencia de género, clientelismo en las ayudas sociales y dificultades para el empleo. Los casos de SENASA y el Instituto Oncológico de Santiago, mencionados por la procuradora, son ejemplos de cómo la malversación de fondos merma insumos y afecta la atención ginecobstétrica y la mortalidad materna.
La falta de protección y la debilidad en la justicia, marcadas por sobornos y tráfico de influencias, dejan desamparadas a las víctimas de violencia de género, con alarmantes cifras de feminicidios. Además, con un alto porcentaje de hogares encabezados por mujeres en condición de vulnerabilidad, el clientelismo en la asignación de subsidios condiciona la entrega de ayudas a favores políticos, limitando el acceso transparente de quienes más lo necesitan. Este fenómeno no solo afecta a las comunidades locales, sino que también resuena en la diáspora dominicana, que sigue de cerca la gestión pública del país.
El análisis de fondo revela que la corrupción no es un mal abstracto, sino una violación de derechos que golpea con mayor fuerza a las mujeres, quienes constituyen la mayoría de la ciudadanía. Funcionarios y funcionarias con conocimiento y apego al servicio deben diferenciar los daños que denuncian con responsabilidad, porque al final, la ciudadanía es más femenina. La tendencia internacional muestra que la lucha contra la corrupción debe incluir una perspectiva de género para ser efectiva y justa.
La procuradora ha puesto el tema en la agenda nacional, pero el reto es transformar las palabras en acciones concretas que garanticen una gestión pública íntegra, transparente y equitativa. Solo así se podrá romper el ciclo de desigualdad que la corrupción perpetúa en el país y en la región.
