Justicia, Agricultura e IAD coordinan plan para garantizar seguridad jurídica y producción agropecuaria
El Gobierno dominicano activó un protocolo de actuación para frenar las invasiones y ocupaciones irregulares de terrenos de la Reforma Agraria, con la coordinación de los ministerios de Justicia y Agricultura y el Instituto Agrario Dominicano (IAD), junto a organizaciones campesinas.
La decisión se adoptó durante una reunión de trabajo encabezada por el ministro de Justicia, Antoliano Peralta; el de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat; el director general del IAD, Darío Castillo Lugo, y representantes de las principales organizaciones campesinas. En el encuentro se analizaron las situaciones que afectan distintos asentamientos y se acordó iniciar un levantamiento para establecer una ruta crítica de intervención legal, técnica y operativa en los diferentes puntos del país.
Entre los proyectos afectados se mencionaron Mogollón, en San Juan de la Maguana; Villa Riva, Montecristi, Monte Plata y Villa Altagracia, entre otros. El ministro de Justicia afirmó que, respetando el debido proceso, se articularán los mecanismos legales para enfrentar estas situaciones, garantizar los derechos de los productores y preservar los terrenos destinados por el Estado al desarrollo agrícola. Indicó que cada caso será evaluado de manera individual, ya que aunque tengan la misma naturaleza son realidades distintas.
El ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat, sostuvo que garantizar la seguridad sobre las tierras constituye también una defensa de la producción agropecuaria y de la seguridad alimentaria nacional. «Estamos siempre abiertos al diálogo para buscar soluciones a los problemas de los productores del país y los parceleros juegan un rol de mucha importancia en la cadena productiva del país, por eso estamos aquí dando los pasos de lugar para buscar soluciones a las preocupaciones de las organizaciones parcelarias. Vamos a impulsar las acciones necesarias para que esos terrenos cumplan con el propósito para el cual fueron destinados: producir alimentos y generar bienestar en el campo dominicano», expresó Espaillat.
Como parte de los acuerdos, se conformará una comisión técnica interinstitucional encargada de documentar los casos, evaluar su situación jurídica y territorial y recomendar las actuaciones correspondientes, incluyendo mecanismos para avanzar en la regularización y titulación definitiva. En la reunión participaron también los representantes jurídicos de las instituciones oficiales involucradas, quienes tendrán un papel fundamental en la evaluación de los expedientes, la definición de los procedimientos y la articulación de las acciones dentro del marco legal. Por las organizaciones campesinas estuvieron Luciano Robles, presidente de la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas; Martín Roberto Familia, representante de la Federación Gregorio Luperón, y otros dirigentes del movimiento campesino. Los representantes denunciaron que desaprensivos interesados en apropiarse de terrenos recurren a distintas artimañas y, según denunciaron, se valen de supuestos abogados y alegados padrinazgos de civiles, policías y militares para montar entramados destinados a desplazar a legítimos productores de sus predios. Advirtieron que estas prácticas no solo amenazan la estabilidad productiva y el patrimonio de hombres y mujeres que durante décadas han trabajado la tierra.
