ANJE y Adesinc buscan evitar que empresas incumplan por falta de tiempo
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc) respaldaron este lunes la propuesta del senador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc Rijo, de ampliar a 24 meses el plazo para la entrada en vigencia de los artículos 8, 9, 10 y 11 del Código Penal, que establecen el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. La iniciativa modificaría el artículo 31 de la Ley núm. 44-26.
El proyecto depositado ante el Senado de la República extiende el período de adecuación de las empresas frente a las nuevas obligaciones. Actualmente, el plazo de tres meses contado desde el 5 de agosto de 2026 vence el próximo 5 de noviembre, una fecha que los gremios consideran insuficiente para que las empresas cumplan de forma real y efectiva con las exigencias y asuman los costos del nuevo estándar de cumplimiento.
ANJE recordó que desde 2025 ha planteado la necesidad de una regulación diferenciada y proporcional para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Su presidente, Boris De León Reyes, afirmó que la norma penal debe ser precisa e inequívoca y que su aplicación requiere reglas claras, proporcionalidad y un tiempo razonable de preparación. El gremio exhortó al sistema de justicia y al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes a desarrollar programas de formación y modelos de cumplimiento adaptados al tamaño, actividad y riesgo de cada empresa.
Adesinc también respaldó la ampliación. Su presidente, Freddy González Estrada, sostuvo que las compañías de seguridad necesitan más tiempo para fortalecer controles internos y prepararse para cumplir con las obligaciones del nuevo régimen, que incluyen revisar protocolos operativos, definir responsabilidades de dirección y supervisión, capacitar al personal y documentar mecanismos de prevención de delitos. La propuesta establece que los artículos 8, 9, 10 y 11 entren en vigor 24 meses después de la publicación de la eventual ley.
ANJE llamó al Congreso Nacional a conocer con prioridad la iniciativa antes de que venza el plazo de vacatio legis dispuesto por la Ley núm. 44-26, a fin de aprovechar el período para promover un diálogo entre los sectores involucrados que permita ajustes y garantice mayor seguridad jurídica, proporcionalidad y una implementación ordenada del régimen.
