El anuncio del sometimiento de un proyecto de ley para modificar el ya controvertido Código Penal , ley 74-25, antes de que se produzca su entrada en vigencia el 3 agosto, al cumplirse el vacatio legis, establecido en su aprobación, obliga a ser muy prudentes, a hilar fino.
Estamos hablando de un intento de arreglar, en 19 o 20 días, lo que, como sociedad, no fuimos capaces de resolver en el año dispuesto por la misma legislación , precisamente para eso, para evaluación y consulta.
El tiempo perdido es una responsabilidad compartida de todos, gobierno, oposición, sociedad civil, comunicadores y periodistas, que debimos abocarnos a su estudio y análisis desde el primer día, hacemos pues honor a uno de nuestros defectos más conocidos, ese de dejar todo para última hora.
En ese escenario, lo mas importante es que el país pueda lograr un verdadero consenso con relación a los temas más controvertidos de la ley aprobada, sobre todo los relativos a la libertad de expresión.
El Senado y la Cámara de Diputados deben dar oportunidad para escuchar tantas opiniones como sea posible, en este breve tiempo, en aras de garantizar una adecuada corrección de este código.
Por momentos parecería como si solo fuera una cuestión que afecte a la nueva camada de comunicadores e influencers, que al ritmo de los tiempos, imponen un estilo y una forma de hacer comunicación con la que no comulgamos, quienes pertenecemos, a lo que podría llamarse, la vieja escuela.
Pero no.
No debemos perder de vista que una norma sancionatoria demasiado severa, aunque haya sido pensada para quienes se van de boca con excesiva frecuencia, también puede ser usada contra cualquiera de nosotros en el futuro.
No debemos olvidar la cita del pastor Martin Niemöller: “Primero vinieron por los socialistas, y guardé silencio porque no era socialista.
Luego vinieron por los sindicalistas, y no hablé porque no era sindicalista.
Luego vinieron por los judíos, y no dije nada porque no era judío.
Luego vinieron por mí, y para entonces ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre”.
El Código Penal, como cualquier instrumento legal debe servir para garantizar derechos y deberes, no puede, ni debe ser, un instrumento abierto que permita excesos y arbitrariedades.
No tengo dudas de la vocación democrática del presidente Luis Abinader y de la generalidad de aspirantes presidenciales de los partidos mayoritarios, algunos de los cuales, como el expresidente Leonel Fernández, ya han tenido oportunidad de demostrar esa vocación.
Pero la ley debe servir también, para el caso eventual de que alguien llegue al poder con otros propósitos u otra visión de la libertad de expresión, en especial ahora, que la ola favorece los extremismos, a derecha en boga y quizás a izquierda después.
Que establescamos límites para los nuevos cultores de la difamación como disciplina olímpica, es razonable, siempre que no implique retroceder en los avances de un país que, como el nuestro, con sus carencias y fallos, sigue siendo ejemplo, en muchas áreas.
Los avances democráticos que hemos logrado, no pueden estar sujetos a interpretaciones personales.
Hilemos fino en las correcciones del Código Penal, que éstas, sean para bien.
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