Análisis de Orlando Gómez alerta sobre crisis de justicia y credibilidad institucional
Un análisis de Orlando Gómez revela que, de mantenerse el ritmo actual, los homicidios cometidos por la Policía Nacional en septiembre de 2026 superarían los de todo 2025 y podrían exceder por primera vez los homicidios por delincuencia, en un contexto de caída de estos últimos.
La muerte de personas a manos de la Policía Nacional se ha convertido en un macabro meme de las redes sociales. De acuerdo con la prensa local, hasta el 27 de septiembre, en ocho días al menos 21 personas murieron en alegados intercambios de disparos con miembros de la Policía Nacional. A ese ritmo, para el cierre del mes de septiembre de 2026 en República Dominicana habrán muerto más personas a manos de la Policía Nacional que en todo el año 2025.
Esto crearía la curiosa circunstancia de que mientras los homicidios ocurridos por delincuencia en nuestro país continúan bajando, los homicidios ocurridos a mano de la policía estarían subiendo al punto que por primera vez desde que se llevan estadísticas sobre esto los homicidios por policías podrían exceder los homicidios por delincuentes. En un año ordinario, la abrumadora mayoría (un 40%) de los homicidios ocurridos en nuestro país resultan de “conflictos sociales”, lo que suele incluir crímenes pasionales, riñas, etc., seguidos por los homicidios en actos de delincuencia (entre 25% y 30%) y luego los homicidios por lo que la policía llama “acciones legales” (entre 18% y 22%).
Este año, los muertos por “acciones legales” se están perfilando a exceder a los muertos a mano de delincuentes. Debemos ser claros sobre lo que significan estos números. A la mayoría de los muertos en acciones policiales se le atribuyen la comisión de diversos delitos, lo que puede ser o no cierto, lo que no resuelve la pregunta: ¿Qué hacen esas personas en las calles y no apresadas? Lo que necesariamente nos lleva a una de dos conclusiones: estas personas están libres o por falta de capacidad o falta de voluntad de nuestra justicia, o específicamente de nuestros jueces y el Ministerio Público.
El asesinato de una persona por parte de la Policía Nacional es una confesión de nuestro sistema de una incapacidad de proveer justicia por las vías legales correctas; la muestra de los supuestos prontuarios delictivos de esos fallecidos es una declaración a viva voz de esa incapacidad. Es difícil identificar la raíz de la incapacidad del aparato represivo del Estado. Puede ser que la Policía Nacional no coordina adecuadamente con el Ministerio Público el proceso de investigación y recabación de evidencias, también puede ser que el Ministerio Público no construya adecuadamente los elementos probatorios durante sus investigaciones, por igual podría ser que los jueces no valoran de forma apropiada los casos que construye el Ministerio Público, hasta un manejo ineficiente de los presupuestos de todas entidades pudieran estar incidiendo en la incapacidad de nuestro país de resolver en los tribunales lo que no se debería estar resolviendo en nuestras calles. Lo que sí debemos tener claro es que esta no es una solución. Si bien el asesinato extrajudicial de supuestos delincuentes puede ganar algunos aplausos en las masas, la realidad es que esto impacta directamente en la credibilidad de la Policía Nacional, de nuestra Justicia y de todo nuestro orden legal. Nadie debe estar por encima de la ley, y cuando nos acercamos al punto en el que los homicidios a manos de la policía se acercan a exceder los homicidios a mano de delincuentes, seriamente debemos preguntarnos qué es lo que estamos haciendo.
