La Jueza de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional Clara Luz Almonte Gómez, impuso una de o su equivalente en pesos dominicanos a las sociedades y Energy RD, quienes trajeron al país la central eléctrica flotante Karpowership, que genera y suministra electricidad directamente a las redes de transmisión terrestre y opera en Azua.
El tribunal autorizó trabar contra , representante en la República Dominicana de Karpowership, del grupo turco Karadeniz Holding, y contra las sociedades y Energy.
El e sobre los inmuebles de ambas sociedades y se impuso a fin de evitar su insolvencia mientras se conoce una demanda de pago por la (TEPC), que reclama el cobro del 55 % del proyecto por su participación pactada en las turcas de Azua.
La decisión está contenida en la , del , y fue notificada a las partes el 2 de julio.
Al salir de una audiencia este martes, la cual fue aplazada para septiembre, el abogado de la parte demandada, Paúl Concepción, afirmó que el contrato que alega la (TEPC), quedó sin efecto en el 2019.
Explicó que la de Electricidad lo canceló y adjudicó a sus representantes en otro proceso de licitación que inició en el 2023 por tres años y que son totalmente diferentes en requerimientos técnicos y procesales.
Concepción sostiene, también, que la en pesos y la validez del está pendiente de fallo en un.
El querellante afirma que el reclamo nace del , mediante el cual designó, con carácter de exclusividad al vehículo corporativo creado (TEPC), identificada como tal en el Anexo A del propio acuerdo.
Lo pactado, añade, era que (TEPC), socio local para el proyecto de generación térmica en la República Dominicana, tendría una distribución de 55 % y los restantes 45 % para sobre los fondos que generará el proyecto.
Ese proyecto se materializó: las dos de operan hoy desde , en Azua, según la concesión recomendada por la Resolución CNE-CD-006-2023.
Según la parte querellante, un auxilio judicial tramitado a través de la documentó dieciocho 18 transferencias de Karpowership a entre.
Conforme a la acusación, el señor y las sociedades recibieron y derivados del proyecto, montos sobre los cuales correspondía al querellante el 55 % pactado.
«Pese a haber cobrado esas sumas millonarias, con lo pactado: esa «, aseguran los demandantes.
Los reclamos por vía extrajudicial no prosperaron, lo que obligó a la querellante a.
Explican en un comunicado de prensa que el no fue una concesión gratuita y que durante seis años la firma Transcaribbean Energy Partners & Consulting » propios» para hacerlo viable.
» sufragados por ella, en los estudios técnicos, y la presentación de los técnicos, consultores y contactos institucionales del necesarios para materializarlo.
Ese trabajo abrió la puerta al Proyecto», sostienen..
