Gestión de Milton Morrison cobró 1,900 pesos dos veces a mayores de 65 años; el presidente reaccionó en La Semanal
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) recaudó millones de pesos de manera irregular al cobrar una doble tributación en la renovación de licencias a personas de 65 años en adelante durante 2024 y parte de 2025. La práctica fue negada por su director, Milton Morrison, hasta que el presidente Luis Abinader intervino y eliminó la disposición en octubre de 2025.
Entre septiembre de 2024 y finales de 2025, el Intrant, bajo la gestión del ingeniero Milton Morrison, cobró 1,900 pesos a los mayores de 65 años por la renovación de la licencia de conducir por dos años. Ese mismo monto se cobraba por la renovación regular de cuatro años, lo que en la práctica obligaba a los envejecientes a pagar dos veces la misma cantidad en un ciclo de cuatro años, generando una doble tributación.
Morrison negó durante más de un año que se estuviera aplicando un cobro irregular, a pesar de que la aritmética elemental evidenciaba lo contrario. La situación se mantuvo hasta que el presidente Luis Abinader, en octubre de 2025, anunció la eliminación de la disposición que imponía el pago duplicado, luego de que un periodista le recordara en La Semanal con la Prensa que él mismo tendría que pagar la doble tributación al renovar su licencia por pasar de 65 años.
«Yo no la voy a pagar, porque esa disposición se va a eliminar la próxima semana», aseguró el mandatario en ese encuentro. Abinader afirmó que desconocía la medida y valoró que se abordara el tema para corregirlo. «Miren, yo creo que muchos de ustedes, ni yo tampoco, conocíamos de esa disposición. Es bueno que ese tema se haya tratado, y eso hay que corregirlo», dijo. El tema fue puesto sobre el tapete por el periódico.
Los 1,900 pesos cobrados de forma irregular quedaron en las arcas del Intrant, sumando millones de pesos. Ahora, los mayores de 65 años que renovaron hace dos años con ese pago deberán renovar de nuevo, pagando la misma cantidad, pero esta vez por cuatro años, en vista de la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto que imponía la limitación.
