El caso expone tensiones entre ciudadanos requeridos y autoridades judiciales
Dos jóvenes señalados en una investigación por robos y atracos denunciaron este lunes que no pudieron entregarse a la Fiscalía ni a la Dicrim en Barahona, lo que reaviva el debate sobre los protocolos de entrega voluntaria en República Dominicana.
Manuel Ezequiel y Yorbi Manuel Pérez Pérez, acusados de múltiples robos y atracos, así como de disparar desde un vehículo en movimiento, intentaron entregarse este lunes ante las autoridades en Barahona. Sin embargo, denunciaron que no fueron recibidos ni en la Fiscalía provincial ni en la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional.
Según su versión, primero acudieron a la Fiscalía de Barahona, donde no fueron atendidos y fueron sacados de la oficina. Señalaron al procurador adjunto Ulises Guevara y a Wellington Espinal como las autoridades que se negaron a recibirlos. Luego se trasladaron a la Dicrim, donde tampoco concretaron su entrega, supuestamente porque no portaban las armas de fuego que se les exigían, las cuales afirman no poseer.
Los jóvenes, acompañados de familiares y abogados, niegan las imputaciones y piden que se investigue. Afirman temer por sus vidas debido a amenazas que atribuyen a agentes de la Policía Nacional contra sus familiares durante allanamientos. Como último recurso, acudieron a la iglesia Cristo Rey para solicitar la mediación de representantes religiosos y garantías para su integridad física, sin lograr su propósito.
El caso pone de relieve las dificultades que enfrentan ciudadanos requeridos por la justicia para entregarse voluntariamente cuando no cumplen con ciertos requisitos, como la entrega de armas. Las versiones sobre las negativas y exigencias corresponden a lo denunciado por los jóvenes y sus representantes legales.
