Código Penal, Policía y tránsito entre las normativas cuestionadas ante el TC
El Tribunal Constitucional dominicano enfrenta una ola de acciones de inconstitucionalidad contra leyes fundamentales, desde el Código Penal hasta la Ley Orgánica de la Policía Nacional y el reglamento de licencias de conducir, en una jornada que evidencia la creciente judicialización de la política y la regulación.
La más reciente audiencia pública del Tribunal Constitucional (TC) conoció 15 expedientes de acción directa de inconstitucionalidad, consolidando una tendencia de cuestionamiento ciudadano e institucional al marco normativo. El Código Penal (Ley 74-25) fue el centro de atención con múltiples impugnaciones: Gery Manuel Reyes Soriano atacó los artículos 8, 192, 208, 209, 210, 211 y 310; la Federación Dominicana de Lucha contra las Drogas (FEDELUCD) cuestionó el artículo 318; los juristas Julio Cury, José Alberto Cruceta hijo y Víctor León Morel impugnaron los artículos 284, 290, 297 y 299; y el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) refutó el artículo 310.
En el sector seguridad, la Ley Orgánica de la Policía Nacional (590-16) fue objeto de varias acciones. La firma Méndez González & Asociados recurrió los párrafos VII y VIII del artículo 83, mientras que Fernanda Ramón Sánchez, Wendy Carolina Moreno Amancio y Marielizabet Moreno Crisóstomo impugnaron diversos artículos de la ley, disposiciones del Estatuto de la Carrera Policial, del Reglamento Académico de la Escuela de Entrenamiento, así como una resolución del Consejo Superior Policial, un endoso de la Dirección Central de Asuntos Legales y un telefonema de la Dirección General.
Las regulaciones de tránsito también estuvieron bajo escrutinio: Franklin R. Muñoz Castaños cuestionó el artículo 21 del Decreto 6-19, Leonel Antonio de los Santos pidió la anulación total de ese decreto, y el expediente TC-01-2026-0055 atacó el artículo 4 del Decreto 30-23. A esto se suman impugnaciones en materia de pensiones (resolución 455-22 de la Superintendencia de Pensiones), y contra leyes como la 3-19 del Colegio de Abogados, la 146-02 sobre Seguros y Fianzas, la 153-98 General de Telecomunicaciones, la 75-25 modificatoria del régimen municipal y la 1097 sobre desheredación de hijos.
El volumen de expedientes refleja una creciente utilización de la acción directa de inconstitucionalidad como herramienta para cuestionar leyes y decretos, lo que plantea desafíos para la agenda del TC y para la seguridad jurídica del país. La jornada concluyó tras escuchar las conclusiones de los abogados, quedando pendiente la decisión del Pleno.
