Tribunal concluye que exfuncionarios lavaron activos y se enriquecieron ilícitamente
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional concluyó que Adán Cáceres y Juan Carlos Torres Robiou incurrieron en lavado de activos y enriquecimiento ilícito, tras beneficiarse de fondos desviados del CUSEP y CESTUR. El fallo marca un precedente en la lucha contra la corrupción en República Dominicana.
En una decisión que resuena a nivel nacional, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional determinó este lunes que los exfuncionarios Adán Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou incurrieron en lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo expusieron las motivaciones de la sentencia del caso Coral y Coral 5G, estableciendo la existencia de un esquema de sustracción de recursos públicos mediante nóminas irregulares, fondos de inteligencia, ventas internas y raciones alimenticias.
El tribunal determinó que Torres Robiou, mientras dirigió el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), participó en los mecanismos para desviar recursos y facilitó el uso de estructuras administrativas vinculadas al entramado. Las evidencias demostraron que parte de los fondos sustraídos se destinaron a la adquisición de bienes que incrementaron su patrimonio injustificadamente. Las magistradas señalaron que los bienes manejados por el exdirector no guardaban proporción con sus ingresos públicos y consideraron insuficientes los documentos de la defensa para justificar los fondos movilizados entre 2017 y 2019.
Respecto a Adán Cáceres, las magistradas concluyeron que las experticias financieras y los análisis patrimoniales evidenciaron un crecimiento económico incompatible con los ingresos que percibía como director del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP). El tribunal señaló que, poco después de asumir el cargo en 2012, Cáceres comenzó a adquirir bienes muebles e inmuebles y a asumir compromisos financieros que no podían ser sustentados con su salario oficial. Asimismo, varios préstamos contraídos por el exfuncionario eran liquidados de manera anticipada con recursos provenientes de los fondos distraídos.
Las juezas indicaron que Torres Robiou recurrió a préstamos bancarios para justificar movimientos financieros que llegaron a alcanzar hasta RD$65 millones anuales, una práctica que, según el tribunal, fue utilizada por otros miembros de la estructura para intentar dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. La decisión, que al momento de la redacción de esta información no había sido dada a conocer en su totalidad, subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en las instituciones de seguridad del Estado.
