El aumento de casos y de prisiones preventivas revela la presión sobre el sistema
La Oficina Nacional de Defensa Pública atendió 121,746 casos nuevos entre 2021 y 2025 y registró 595,562 asistencias, mientras las prisiones preventivas en sus procesos subieron 33.8 %. El caso de una familia que no pudo pagar 100,000 pesos evidencia la brecha económica en el acceso a la justicia.
La historia de Juana Disla, quien no pudo pagar 100,000 pesos para que un abogado representara a su sobrino de 18 años en una audiencia de medida de coerción, terminó con el joven en la cárcel de Najayo tras imponérsele prisión preventiva. La familia buscó alternativas, pero los honorarios seguían fuera de su alcance: un abogado conocido ofreció el caso por 50,000 pesos, la mitad, y tampoco pudieron reunirlos. «Nosotros somos una familia de bajos recursos, no teníamos con qué cubrirlo y, bueno, estábamos prácticamente desesperados, no sabíamos qué íbamos a hacer», relató Disla.
Ante la recomendación de conocidos, acudió a la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), que brinda asistencia legal gratuita. En una oficina en Santo Domingo Oeste, una defensora pública asumió el expediente y le explicó qué documentos necesitaban para solicitar la revisión de la medida de coerción, advirtiéndole que sin ellos sería difícil obtener una decisión favorable. La institución, según estadísticas oficiales suministradas a Diario Libre, recibió 121,746 casos nuevos entre 2021 y 2025 y registró 595,562 atenciones a usuarios, familiares y otras personas. Los expedientes pasaron de 20,768 en 2021 a 26,232 en 2025, un alza de 26.3 %, y en los primeros seis meses de 2026 sumaron otros 12,498.
La mayor carga de expedientes de 2025 se concentró en la oficina de la provincia Santo Domingo, con 2,829, seguida de Santiago, con 2,027, y el Distrito Nacional, con 1,809. Los datos también reflejan un aumento de las medidas de prisión preventiva en los procesos atendidos: de 5,105 en 2021 a 6,833 en 2025, un 33.8 % más. En igual período, las garantías económicas clasificadas como de imposible cumplimiento se duplicaron al pasar de 1,106 a 2,245. Aunque la cobertura es nacional, la Defensa Pública aún no tiene oficinas abiertas al público en Constanza, Dajabón, Nagua, Samaná y El Seibo, donde según la institución se sigue ofreciendo asistencia legal.
El director de la ONDP, Rodolfo Valentín Santos, explicó que una persona sin recursos puede solicitar asistencia directamente en la institución o a través del tribunal donde se conoce su proceso. Cuando un imputado comparece sin representación legal, el juez puede solicitar que se le asigne un defensor público, y también puede acceder quien ya no pueda pagar un abogado privado. «El tribunal el mismo día envía un oficio a la Defensa Pública y en 24 horas nosotros le asignamos un defensor público», aseguró Santos. La institución realiza visitas semanales a los centros penitenciarios para dar seguimiento a los procesos y ha encontrado privados de libertad cuyos abogados particulares llevaban meses sin atenderlos.
