Integración vertical china amenaza al empresario local y redefine el comercio en República Dominicana
El modelo tradicional de importación y distribución en República Dominicana está siendo reemplazado por estructuras chinas que controlan toda la cadena, desde la producción hasta la venta final. Un fenómeno que impacta la economía nacional y plantea desafíos regulatorios.
Durante años, la relación comercial con China parecía sencilla: la República Dominicana importaba miles de millones de dólares en mercancías, mientras comerciantes, ferreteros, distribuidores e industrias dominicanas las colocaban en el mercado nacional. El producto era chino, pero la actividad económica que generaba —empleos, impuestos, transporte, almacenamiento y ventas— permanecía parcialmente en manos dominicanas.
Ese modelo está cambiando aceleradamente. Capitales chinos ya no se limitan a fabricar y exportar. Ahora procuran controlar toda la cadena: producen en China, importan directamente, distribuyen en el país y venden al consumidor final mediante establecimientos administrados por ciudadanos chinos. El empresario dominicano, que antes participaba en alguno de esos eslabones, corre el riesgo de convertirse en espectador dentro de su propio mercado.
No estamos ante una competencia convencional entre dos comerciantes. El empresario local compra a intermediarios, paga financiamiento a tasas dominicanas y cumple con salarios, prestaciones laborales, seguridad social, impuestos y demás obligaciones nacionales. Su competidor puede pertenecer a una estructura integrada que controla desde la fábrica de origen hasta la tienda donde se vende el producto. Esa diferencia permite operar con costos, financiamiento, inventarios y márgenes que difícilmente puede igualar una pequeña o mediana empresa dominicana.
Ya existen motivos suficientes para prestar atención. En abril de 2024, la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas cerraron establecimientos pertenecientes a ciudadanos asiáticos por irregularidades tributarias. Las autoridades informaron sobre transacciones que rondaban los RD$4,000 millones. Si esta tendencia continúa sin vigilancia, desaparecerán empresas dominicanas que tardaron décadas en construirse. Se perderán empleos formales, disminuirán las recaudaciones fiscales y sectores completos del comercio podrían depender de una cadena de suministro controlada desde el extranjero. El Gobierno debe actuar antes de que el proceso sea irreversible, fiscalizando valores en Aduanas, verificando el pago real de impuestos y supervisando las relaciones entre fabricantes, importadores y comercios vinculados.
