Algunos fracasos institucionales no se desarrollan mediante el escándalo, sino a través del procedimiento, con actos de sabotaje disfrazados bajo el lenguaje de la investigación de buena fe y la rendición de cuentas.
Cuando alguien advierte lo que está ocurriendo, el daño ya está hecho.
Me temo que esto es precisamente lo que estamos presenciando en los ataques contra Karim Khan, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional de La Haya.
Los acontecimientos recientes parecen satisfacer los objetivos que Estados Unidos e Israel han perseguido durante meses.
La historia comienza en abril de 2024, cuando un grupo de senadores estadounidenses advirtió —o más bien amenazó— a Khan de que, si se atrevía a solicitar una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por crímenes de guerra, él mismo se convertiría en un objetivo.
Sin dejarse intimidar, Khan hizo precisamente eso: presentó solicitudes de órdenes de arresto contra Netanyahu, el exministro de Defensa israelí Yoav Gallant y un comandante de Hamás, del mismo modo que anteriormente había solicitado la detención del presidente ruso Vladímir Putin, del expresidente filipino Rodrigo Duterte y de la cúpula talibán.
Pero ahora los enemigos de Khan han conseguido abrir un debate sobre su posible destitución, utilizando acusaciones de conducta sexual inapropiada como punta de lanza.
Se trata de un caso clásico de una institución que no somete un asunto interno a los principios —en particular, el Estado de derecho— que se supone debe defender a nivel mundial.
Aunque un panel judicial interno —el mecanismo que la propia Corte creó para examinar este tipo de asuntos— analizó las acusaciones y concluyó que no alcanzaban el umbral necesario para demostrar una conducta indebida, quienes impulsan la destitución de Khan no han desistido.
En el último episodio, los Estados miembros de la CPI se preparan para fusionar dos cuestiones distintas —si realmente hubo una conducta grave indebida y si el fiscal debe ser destituido— en una sola votación.
Esto no es un simple trámite.
Al incorporar la segunda cuestión a la primera —que, insisto, no ha sido demostrada— se hace posible la destitución basándose en una acusación no probada o incluso en un asunto completamente diferente (como mantener una relación íntima consentida desde una posición de autoridad, algo que, de hecho, nadie ha alegado).
Dado que el caso Khan forma evidentemente parte de una ofensiva más amplia contra la CPI, conviene prestar atención a quiénes son sus enemigos y qué persiguen.
El 13 de julio, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, publicó un artículo de opinión en The Wall Street Journal cuyo título no dejaba lugar a dudas: «Por qué estamos desmantelando la Corte Penal Internacional».
No se trataba de una mera figura retórica.
Estados Unidos ya ha impuesto sanciones a once altos funcionarios de la CPI, entre ellos Khan, dos fiscales adjuntos y ocho jueces, a quienes se les han congelado sus cuentas bancarias, cancelado sus tarjetas de crédito y bloqueado sus cuentas de Apple, Amazon y PayPal, entre otras medidas.
Rubio tampoco se limitó a anunciar la intención de la administración de desmantelar la CPI «ladrillo a ladrillo».
También presentó ese esfuerzo como una cruzada civilizatoria.
Al describir al tribunal como un instrumento de activistas progresistas, élites globalistas y gobiernos hostiles a Estados Unidos, anunció una campaña diplomática destinada a reunir a todos los aliados que comparten el credo MAGA de la soberanía nacional frente al globalismo.
Además, según el Financial Times, cuando el presidente estadounidense Donald Trump se reunió con el presidente chino Xi Jinping en mayo, le sugirió que China y Rusia —ninguna de las cuales es parte del Estatuto de Roma, que creó la CPI— se unieran a él para oponerse al tribunal.
Que los socios elegidos por Estados Unidos para esta cruzada sean precisamente los dos países con mayores motivos para temer a la Corte dice más sobre el verdadero propósito de la operación contra Khan que cualquier comunicado sobre la soberanía.
No hace falta creer en teorías conspirativas para percibir la coincidencia de intereses entre los dirigentes de Estados Unidos e Israel.
La administración Trump y Netanyahu desean lo mismo: garantizar que ningún tribunal internacional pueda juzgar a soldados, agentes fronterizos o a sus aliados preferidos, por muy graves que sean las acusaciones de crímenes de guerra o de lesa humanidad.
Ambos consideran que el «escándalo Khan» constituye la oportunidad perfecta para neutralizar a la Corte.
No necesitan destruirla desde fuera si sus propios Estados miembros pueden vaciarla de contenido desde dentro, ignorando una conclusión judicial para celebrar una votación política contra el hombre que firmó las órdenes de arresto que más les incomodaban.
Por ello, los países que siguen siendo parte del Estatuto de Roma se enfrentan a una decisión cuyas consecuencias irán mucho más allá de este caso.
Pueden exigir un procedimiento digno de la institución que construyeron y que garantice al propio fiscal de la CPI las mismas garantías procesales que la Corte exige a todos los Estados.
O pueden sentar el precedente de que la política prevalece sobre las conclusiones judiciales.
La elección correcta es evidente.
La CPI debe seguir siendo un tribunal independiente y, desde luego, no debería doblegarse ante quienes pretenden desmantelarla «ladrillo a ladrillo».
Khan ha demostrado el valor y la firmeza necesarios para solicitar órdenes de arresto contra sospechosos que, en los primeros años de la Corte, habrían sido considerados intocables.
En un momento en que la justicia penal internacional y el Estado de derecho afrontan un ataque frontal a gran escala, especialmente por parte de presuntos criminales de guerra ya imputados, merece el reconocimiento y el apoyo del mundo.
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