El Parlamento Europeo aprobó un nuevo Reglamento de Retornos que endurece significativamente la política migratoria comunitaria y abre la puerta a la expulsión de migrantes irregulares hacia centros de deportación ubicados en terceros países , incluso fuera del territorio de la Unión Europea.
La medida forma parte del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo y busca aumentar la efectividad de las deportaciones , que actualmente apenas alcanzan una fracción de las órdenes de retorno emitidas por los Estados miembros.
La reforma permitirá a los países de la UE trasladar a migrantes cuya solicitud de asilo haya sido rechazada a centros establecidos en naciones ajenas al bloque mientras se organiza su repatriación definitiva.
Estos llamados » centros de retorno » podrán funcionar como lugares de tránsito o como destino temporal para facilitar el regreso a los países de origen.
La normativa exige que los Estados receptores respeten los derechos humanos y el principio internacional de no devolución.
El reglamento también impone nuevas obligaciones a los migrantes sujetos a expulsión, quienes deberán cooperar con las autoridades durante el proceso de retorno.
El incumplimiento podrá acarrear sanciones , reducción de beneficios sociales e incluso períodos más prolongados de detención administrativa.
Asimismo, las personas consideradas un riesgo para la seguridad podrán ser sometidas a procedimientos acelerados de expulsión.
La aprobación ha generado una fuerte división política en Europa.
Los grupos conservadores y de derecha defendieron la iniciativa como una herramienta necesaria para recuperar el control de las fronteras y hacer más creíble el sistema migratorio europeo.
En contraste, socialistas, verdes y organizaciones de derechos humanos denunciaron que la medida podría vulnerar garantías fundamentales y externalizar la responsabilidad europea sobre los solicitantes de asilo.
España figura entre los gobiernos más críticos con la reforma , al considerar que algunas de sus disposiciones podrían afectar la protección de los derechos fundamentales de los migrantes.
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