En el mundo, la época y el contexto en que vivimos hoy, la Universidad con mayúscula, debe ser pensada y repensada con sumo cuidado.
No se trata de manejar el tema como si se tratase de una institución más, mucho menos, como algo a lo que se le pueden trazar pautas sin más ni menos criterios.
Históricamente, la bien llamada Universidad tiene la vocación de anticipar futuros, y aun cuando solo cumpla con la función de formación profesional, lo que la limita extraordinariamente, lo hace a partir de una visión del profesional que la sociedad requiere en un momento dado.
No se desprende, pues, de su función anticipatoria.
En los tiempos que transcurren y de la llamada IA (Inteligencia Artificial), la universidad está obligada a revalorizar el juicio (crítico), la creatividad y, por supuesto, la ética.
No se trata (la IA) de una tecnología más, sino de un cambio, como nunca hemos visto, en la manera de pensar, trabajar, como incluso, convivir.
La universidad, en ese contexto, corre un gran riesgo en su misión anticipatoria, y es el riesgo de quedar rezagada.
Ése es un “lujo” que la institución universitaria y, mucho menos, quienes se autodefinen a sí mismos como “docentes universitarios” deben pasar por alto, a menos que quieran asumir el riesgo de perder su razón de ser y hasta de existir.
El liderazgo universitario no puede eludir su responsabilidad histórica, sobre todo en una coyuntura política en la que se anteponen criterios de la “ineficiencia del gasto público”, para seguir justificando el predominio del gasto corriente, por encima de los que tienen que ver con la inversión productiva, el crecimiento y la productividad económica y social.
Desde un sector de la gobernanza pública de nuestro país, se trata de imponer una fusión entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, apelando fundamentalmente a la “racionalidad del gasto” en educación, sin un marco conceptual que haga de la educación el motor del desarrollo nacional.
Se trata de un desbalance, no sé si intencional o no, entre lo “consumible” (el gasto corriente) y lo “productivo” (la inversión), y de esa manera, mantener una gestión pública basada y fundamentada en el gasto, y no en la necesidad de invertir para generar riqueza futura.
En esa lógica se quiere imponer el criterio de que un “sistema”, como es el caso del sistema educativo dominicano, puede estructurarse más efectivamente con una macro institución, “desconociendo”, con o sin intención, que los sistemas se componen, en general, por otras instancias con naturaleza y funciones específicas, aunque sí articuladas.
El criterio del consumo y la ineficiencia del gasto se contrapone a lo estratégico, en términos de inversión, para alcanzar los anhelos tantas veces postergados, del desarrollo nacional sostenible y la necesaria inversión en educación como condición fundamental para el mismo.
Hacemos un llamado a la conciencia de los legisladores que, tras ser elegidos para el cargo que desempeñan, están obligados por definición y ética, a representar única y principalmente, los intereses nacionales, aun cuando estos se opongan a los que son enarbolados por un funcionariado de turno.
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