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Politica

Llevan al TSE reglamento que prohíbe divulgar encuestas

Justicia Sin Fronteras interpone recurso cautelar contra resolución de la Junta Central Electoral

La organización no gubernamental Justicia Sin Fronteras presentó una demanda de medidas cautelares de extrema urgencia ante el Tribunal Superior Electoral con el propósito de frenar la aplicación de la normativa que limita la publicación de encuestas políticas fuera de los plazos oficiales de precampaña. El recurso fue introducido por el abogado Harrison Féliz en representación de la entidad.

La acción judicial impugna específicamente el artículo décimo tercero de la Resolución 14-2026 de la Junta Central Electoral, que establece el reglamento para el registro de firmas encuestadoras y la difusión de sondeos. Los demandantes sostienen que esta disposición crea una prohibición de carácter general que no encuentra sustento en la Ley 20-23 sobre Régimen Electoral.

En el documento sometido al tribunal, los accionantes advierten que la vigencia inmediata del reglamento podría generar un clima de autocensura entre comunicadores, analistas políticos y empresas dedicadas a la medición de opinión pública. La demanda invoca dos principios jurídicos fundamentales: el periculum in mora, referido al riesgo de daños irreparables mientras se resuelve el fondo, y el fumus boni iuris, que apunta a la apariencia de fundamento legal de la reclamación.

La organización argumenta que la JCE habría excedido su potestad reglamentaria al imponer restricciones que no aparecen expresamente consignadas en la legislación electoral. La instancia solicita al TSE que ordene la suspensión cautelar inmediata del artículo impugnado y prohíba temporalmente a la Junta aplicar sanciones derivadas de esa disposición hasta que exista una sentencia definitiva.

El artículo 334 de la Ley 20-23 concede al Tribunal Superior Electoral competencia para conocer impugnaciones contra resoluciones de la JCE relacionadas con actos administrativos de contenido electoral, lo que fundamenta la vía judicial elegida por los demandantes para cuestionar la legalidad del reglamento aprobado.

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