Comunidad denuncia 18 años de espera y exige decreto presidencial para construcción educativa
Residentes del sector Las Flores, en Santo Domingo Oeste, marcharon este sábado para exigir al Gobierno que declare de utilidad pública los terrenos destinados desde hace 18 años a la construcción de una escuela básica y un liceo. La protesta pacífica contó con el respaldo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y evidencia tensiones por el acceso a infraestructura educativa en zonas urbanas.
La manifestación recorrió el trayecto desde los locales alquilados donde funciona actualmente la escuela hasta los terrenos reclamados. Participaron representantes de la junta de vecinos, familias, estudiantes y Manuel Mercedes Medina, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los manifestantes corearon consignas como ‘Sin educación no hay futuro’ y ‘La escuela es la que va’.
María Magdalena Rondón, representante de la junta de vecinos, explicó que la comunidad cuenta con tres locales alquilados para impartir docencia y que el Estado paga alrededor de 130,000 pesos mensuales por estos espacios. Señaló que en primaria hay cerca de 600 estudiantes, mientras que más de 400 de secundaria deben trasladarse a centros en comunidades cercanas, lo que consideró un riesgo para los alumnos.
Rondón indicó que el conflicto se agravó hace ocho días, cuando una compañía que se atribuye la propiedad de los terrenos intentó derribar una pared levantada en el espacio destinado a los planteles. ‘Exigimos la construcción de la escuela y que sean declarados de utilidad pública esos terrenos’, afirmó. Además, aseguró que el Ministerio de Educación ha invertido más de 100 millones de pesos en el proyecto.
Mercedes Medina cuestionó que tras esas inversiones la comunidad siga sin edificaciones escolares y pidió al presidente Luis Abinader emitir un decreto de utilidad pública. ‘Estamos pidiendo un derecho que nos concierne: la educación de nuestros hijos’, expresó. Advirtió que las organizaciones comunitarias seguirán movilizadas hasta recibir una respuesta oficial que resuelva el conflicto.
