La matanza de entre 30 y 40 personas en Puerto Príncipe, junto con la llegada de deportados por el fin del TPS, evidencia el colapso institucional haitiano y enciende las alertas en República Dominicana y la comunidad internacional.
La masacre perpetrada por pandillas en la comuna de Kenscoff, donde también incendiaron casas y vehículos, es el último episodio de la espiral de violencia que controla Puerto Príncipe. Este hecho describe la dramática realidad de Haití y descarta, de momento, que el país esté en condiciones mínimas para organizar las elecciones pautadas para principios de diciembre.
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, exigió al Gobierno haitiano redoblar esfuerzos para garantizar los comicios, pero sin una fuerza internacional que ayude a combatir a las pandillas, crear un clima propicio para votar es una quimera. Las elecciones, que estaban previstas para este mes, ya habían sido aplazadas por múltiples inconvenientes.
El ataque coincidió con la llegada del primer grupo de haitianos deportados de Estados Unidos tras la supresión del TPS, lo que tensa aún más la situación en la isla y presagia un aumento de la presión migratoria sobre República Dominicana. Ante la matanza, el Gobierno declaró a todas las fuerzas de seguridad en alerta máxima, pero miles de personas han tenido que abandonar sus hogares sin destino.
Esta crisis no es solo haitiana: es un problema regional que exige una respuesta coordinada. La comunidad internacional, incluida la OEA, debe actuar con urgencia para evitar un colapso total, mientras la diáspora dominicana y los organismos multilaterales observan con preocupación cómo la violencia y la inestabilidad se profundizan en el vecino país.
