Un teniente de la FARD guardará tres meses de coerción por la muerte de Mayra Alejandra Lara, de 36 años
Un primer teniente de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) fue enviado a prisión preventiva por tres meses este lunes, acusado de matar de un disparo a su expareja sentimental en el distrito municipal Los Jovillos, provincia de Azua, en un caso que reaviva el debate sobre la violencia de género y la respuesta judicial en el país.
El imputado, identificado como Arcadio Montero D’Oleo, deberá cumplir la medida de coerción en el centro penitenciario del kilómetro 15 de Azua, por disposición de la jueza Dayana Gil, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Judicial de Azua. El crimen ocurrió la pasada semana en el kilómetro 7 de Los Jovillos, donde el militar habría atacado a su antigua compañera sentimental, Mayra Alejandra Lara, de 36 años, con quien llevaba un tiempo separado.
El informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) establece que Lara recibió un disparo en la región auricular derecha. El abogado Arcenio Jiménez, representante legal de la parte afectada, calificó como adecuada la decisión del tribunal y consideró que la gravedad del caso ameriza una sanción ejemplar. Jiménez afirmó que la mujer fue ultimada en presencia de una adolescente de 15 años, circunstancia que, a su juicio, agrava el hecho atribuido al oficial militar.
El Ministerio Público, junto con los organismos de investigación criminal, continúa profundizando las pesquisas para establecer las circunstancias en que ocurrió el homicidio y determinar qué habría motivado al acusado a cometer el hecho. Las autoridades trabajan en la recopilación de testimonios, pruebas materiales y resultados periciales que permitan sustentar la acusación durante las próximas etapas del proceso judicial.
El caso se suma a una serie de incidentes de violencia de género que han conmocionado a la sociedad dominicana y que colocan el foco en la efectividad de las medidas de protección y en la celeridad de los procesos penales. La comunidad internacional y la diáspora dominicana siguen de cerca este tipo de casos, que evidencian la necesidad de fortalecer las políticas públicas de prevención y atención a las víctimas.
