Camacho dice que la entrega de «Macho» depende de la justicia jamaiquina y de su defensa
El Ministerio Público dominicano activó el mecanismo de cooperación jurídica internacional para lograr el traslado desde Jamaica de Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias «Macho», señalado como presunto responsable de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada en Santiago. Así lo informó este sábado Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público.
Camacho explicó que, a través del departamento de cooperación jurídica, se procura que Metz Cruz sea trasladado a República Dominicana «en el menor tiempo», para que responda ante la justicia por los hechos que se le atribuyen. Sin embargo, aclaró que no es posible fijar una fecha para su llegada, ya que el proceso depende de la dinámica jurídica del país donde fue localizado y de la posición que adopte el propio acusado.
Metz Cruz fue apresado en Jamaica en agosto, tras permanecer prófugo desde el ataque contra Abreu Quezada, ocurrido en abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago. Según las autoridades, la víctima fue perseguida por un grupo de motociclistas hasta ese lugar, donde fue agredida y posteriormente murió a consecuencia de las heridas recibidas.
En el caso, otros siete hombres cumplen prisión preventiva y son señalados como integrantes del grupo que persiguió y atacó a Abreu Quezada. La captura de Metz Cruz permitió activar el mecanismo de cooperación jurídica para procurar su retorno y completar el proceso judicial en el país.
Las declaraciones de Camacho se produjeron al término de su participación como conferencista principal en la actividad «El Expansionismo Penal como Fenómeno Político-Criminal: Fundamentos Teóricos, Manifestaciones en la República Dominicana y Análisis de la Arquitectura de la Ley núm. 74-25». En su exposición, el director de Persecución planteó que la respuesta del Estado frente al delito no debe concentrarse únicamente en incrementar las penas, sino en lograr una persecución efectiva. «Yo soy más amigo de manos inteligentes», afirmó al referirse a la demanda social de aplicar «mano dura», y sostuvo que para un delincuente puede resultar más disuasiva la posibilidad de ser atrapado, procesado y condenado que el monto de la pena establecido en la legislación.
