Informe revela 78% en regulación vs 22% en implementación; pide regular cabildeo y financiamiento político
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó su Estudio sobre Integridad en la República Dominicana, en el que advierte deficiencias en la aplicación efectiva de las normas y la ausencia de un marco regulatorio para el hobby o cabildeo. El informe fue dado a conocer en el Palacio Nacional.
Elsa Pilichowski, directora de Gobernanza Pública de la OCDE, afirmó que el principal reto del país es cerrar la brecha entre las reglas existentes y su cumplimiento. «El desafío más importante para la siguiente fase de la agenda de integridad de la República Dominicana», dijo durante la presentación. Explicó que, en numerosas áreas, el país ya dispone de reglas sólidas, pero estas solo producirán resultados si se aplican efectivamente.
Según el informe, República Dominicana cumple el 78% de los criterios de la OCDE en regulación, pero solo el 22% en aplicación práctica. El promedio de los países de la organización es de 80% en regulación y 45% en implementación. Pilichowski reconoció que la dificultad para llevar las normas a la práctica es generalizada, pero sostuvo que hay un amplio margen de mejora.
La OCDE identifica una brecha normativa particular en el hobby o cabildeo. Pilichowski advirtió que el país no cuenta con regulaciones para garantizar transparencia e integridad en las actividades de cabildeo y otras formas de influencia sobre decisiones públicas. «Existen oportunidades claras para desarrollar un marco regulatorio integral que reconozca no solo que el cabildeo es bueno y que la influencia es legítima, sino también que necesita ser regulada, transparente y con rendición de cuentas», señaló.
Pilichowski también usó el financiamiento político como ejemplo de que las normas no bastan. Explicó que se requiere cumplimiento constante de informes, información oportuna y órganos de supervisión con recursos y capacidades. Otra debilidad es el acceso a la información pública: la OCDE plantea un principio de apertura por defecto y un órgano de supervisión independiente con facultades para recibir denuncias, revisar casos y emitir decisiones vinculantes. Para Pilichowski, son «salvaguardas fundamentales». Pese a las deficiencias, reconoció avances en integridad, transparencia, rendición de cuentas y gobernanza pública, y destacó el compromiso político con la agenda.
