La justicia dominicana cierra un emblemático expediente de corrupción sin juicio de fondo
La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la extinción de la acción penal en el caso Los Tres Brazos, un proceso que estalló a finales de 2016 por la venta irregular de terrenos en Santo Domingo Este. La decisión, basada en el vencimiento del plazo máximo del proceso, deja libres de pena a doce imputados y cuatro empresas, y reabre el debate sobre la lentitud de la justicia en casos de corrupción.
El tribunal rechazó los recursos de apelación presentados en mayo y junio de 2024 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). Estos buscaban anular la Sentencia Penal número 941-2024-SSEN-00082, del 22 de abril de 2024, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado de Primera Instancia, que ya había declarado la extinción penal.
La corte fundamentó su decisión en el artículo 148 del Código Procesal Penal, que establece el plazo máximo de duración del proceso. Determinó que desde la imposición de las medidas de coerción, el 31 de julio de 2018, transcurrieron más de ocho años sin sentencia de fondo en primer grado. Asimismo, concluyó que las dilaciones no son atribuibles a los imputados, sino a retardos del sistema judicial, como suspensiones de audiencias y recesos dispuestos por los tribunales.
La medida confirma el cese de las medidas de coerción para Leoncio Almánzar Objío, Manuel Joaquín Aybar Ferrando, Irving José Cruz Crespo, Juana Ynés Gómez Williams, Carlos Aris Gómez Williams, Julio César Gómez Williams, Domingo Gerardo Lebrón de los Santos y Lisetel González Sánchez. También abarca a las empresas Proyecciones Inmobiliarias Gowi, Inversiones Fernández Parache (Infepa), Soluciones Electrónicas Sidenet y Tekknowlogic Dominicana.
El caso Los Tres Brazos estalló a finales de 2016 e involucró la venta irregular de un populoso sector de Santo Domingo Este por parte de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE). Se transfirieron más de un millón de metros cuadrados a una empresa privada (Inversiones Farache / Infepa) por debajo de su valor real y mediante operaciones con compañías disueltas, afectando a miles de familias que ocupaban históricamente esos solares y que luego fueron obligadas a comprar a precios desproporcionados o enfrentaron amenazas de desalojo. La investigación por corrupción administrativa derivó en sometimientos por asociación de malhechores, estafa y prevaricación, pero el juicio de fondo nunca se celebró y el proceso colapsó por el vencimiento del plazo.
