El caso pone en tensión el uso de la fuerza y la rendición de cuentas en RD
La Fiscalía de Santiago investiga ocho casos de muertes en presuntos intercambios de disparos con agentes policiales para determinar si corresponde procesar a los uniformados involucrados, un asunto que coloca en el centro del debate nacional el uso de la fuerza y la transparencia institucional.
La fiscal titular Quirsa Abreu explicó que el Ministerio Público recopila evidencias, escucha testigos y examina las circunstancias de cada hecho para establecer responsabilidades. ‘Que confíen y que nos den la oportunidad al Ministerio Público de verificar caso a caso, ver las circunstancias en las que se da’, expresó ante preguntas de periodistas. Aseguró que, cuando existan evidencias y fundamentos jurídicos, procederán contra quienes hayan infringido la ley, independientemente de su pertenencia a un organismo de seguridad.
El obispo auxiliar de la arquidiócesis local, monseñor Andrés Amauri Rosario, llamó a preservar la vida y evitar que la violencia se convierta en una respuesta habitual frente a la delincuencia. Reconoció que los policías enfrentan situaciones complejas durante la prevención y persecución del delito, pero insistió en que deben mantener el compromiso de proteger la vida humana. ‘Debemos cuidar y respetar la vida. La vida por encima de todo’, manifestó el religioso, quien abogó por fortalecer la formación de los agentes para responder a los desafíos de sus funciones. También pidió educar a jóvenes y adolescentes, fortalecer las familias y cultivar valores en quienes sirven a la sociedad, y exhortó a las autoridades a atender las denuncias y agotar los procedimientos correspondientes.
En el plano operativo, el director regional Cibao Central de la Policía, general Jesús Tejada Tejada, informó que unas 30 personas buscadas fueron apresadas o se entregaron voluntariamente durante el último mes. Precisó que aproximadamente 18 eran requeridas por su presunta vinculación con homicidios. Exhortó a los prófugos a entregarse por la vía que consideren pertinente y afirmó que continuarán las labores de búsqueda y persecución. El oficial sostuvo que la institución está para proteger y servir.
El caso de Santiago se suma a las crecientes demandas de rendición de cuentas y transparencia en las instituciones de seguridad, en un contexto regional donde los países enfrentan tensiones similares entre la eficacia policial y el respeto a los derechos humanos. La investigación del Ministerio Público busca determinar responsabilidades caso por caso y enviar una señal sobre el Estado de derecho.
La expectativa ciudadana se centra en que las evidencias y los fundamentos jurídicos prevalezcan, y en que las autoridades atiendan las denuncias y agoten los procedimientos correspondientes, tal como planteó monseñor Rosario.
