Misión internacional pide justicia transicional y apoyo global ante crímenes de lesa humanidad
La Misión Internacional Independiente de la ONU sobre Venezuela concluyó que, a pesar de limitadas mejoras tras el arresto de Nicolás Maduro, las estructuras represivas siguen intactas. El informe fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
Entre detenciones ilegales, desapariciones forzadas y leyes contra la disidencia, la situación de los derechos humanos en Venezuela sigue esperando cambios reales y significativos, según investigadores de la ONU. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela afirmó que, pese a limitadas mejoras, las instituciones estatales responsables de la represión, las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad permanecen intactas.
El comunicado, divulgado al margen de la presentación de un informe ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, señala que tras el ataque militar estadounidense del 3 de enero y el arresto del presidente Nicolás Maduro, la misión observó una disminución significativa de las detenciones de larga duración y de las desapariciones forzadas. En los meses posteriores al arresto de Maduro, las autoridades liberaron a cientos de personas detenidas por motivos políticos y suavizaron ligeramente las normas sobre manifestaciones y participación de la sociedad civil.
No obstante, los investigadores lamentan la ausencia de reformas institucionales necesarias para una mejora significativa y sostenida. Numerosas leyes para criminalizar la disidencia siguen vigentes, y los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad conservan las mismas estructuras, políticas y prácticas. No se ha adoptado ninguna medida para desarmar o desmantelar a los colectivos, grupos paramilitares considerados un componente central del aparato represivo y una fuente permanente de intimidación y violencia comunitaria. Además, periodistas y actores de la sociedad civil siguen enfrentando obstáculos en su labor cotidiana.
La misión documentó patrones de tortura y malos tratos contra detenidos políticos, como intubación forzada, confinamiento prolongado en una cisterna subterránea sellada o en celdas minúsculas bajo tierra, exposición al frío o privación de alimentos. Desde el 3 de enero, se constató un patrón recurrente de arrestos arbitrarios de corta duración para intimidar a activistas, periodistas y otros actores. La presidenta de la misión, Sofía Macher, declaró que ‘la reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles’. La misión instó a la comunidad internacional a apoyar los esfuerzos para poner fin a la represión, combatir la impunidad y restablecer el Estado de derecho, y exigió a Caracas medidas decisivas hacia la rendición de cuentas y un marco de justicia transicional centrado en las víctimas, según María Eloisa Quintero, experta de la Misión.
