Tercera fase de investigación revela red que facturaba servicios médicos falsos y afectaba cobertura
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra 25 personas, entre exempleados de Senasa, médicos y particulares, por una presunta red de fraude que habría drenado RD$40 millones en servicios médicos no realizados. La solicitud fue depositada ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.
La solicitud de medida de coerción, contenida en un expediente de 525 páginas, fue depositada antes de la medianoche por Wilson Camacho y Mirna Ortiz, titulares de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Pepca. En el proceso también participan los fiscales Yudelka Holguín, Héctor García, Rosa Alba García, Emmanuel Ramírez y Ernesto Guzmán Alberto, quienes solicitaron además que el caso sea declarado complejo.
Mirna Ortiz, procuradora de Corte, calificó esta etapa como la ‘tercera fase’ de la investigación, luego de que el Ministerio Público identificara nuevas líneas relacionadas con la presunta sustracción de fondos públicos. Según explicó, el modus operandi de la estructura consistía en facturar y cobrar a Senasa por servicios, consultas y procedimientos médicos que supuestamente nunca fueron realizados. ‘Esto no solo drenaba los fondos de SeNaSa, sino que también afectaba la cobertura que cada uno de los pacientes tenía sobre el seguro, pues consumía las cuotas del dinero que el seguro acreditaba en sus pólizas’, declaró Ortiz.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por SeNaSa el 28 de noviembre de 2024, relacionada con presuntas irregularidades en autorizaciones de servicios médicos. De acuerdo con las pesquisas, entre enero de 2021 y septiembre de 2024, la estructura habría utilizado distintos números telefónicos para gestionar falsas aprobaciones de cirugías, consultas y procedimientos ambulatorios a través del call center de la aseguradora estatal. Estas autorizaciones no eran reconocidas por los afiliados cuyos seguros eran utilizados, maniobras que habrían provocado un perjuicio económico preliminar estimado en RD$40 millones.
Los allanamientos y arrestos fueron autorizados por la jueza Ana Lee Florimón, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional. Los 25 imputados permanecen recluidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a la espera de ser trasladados al tribunal donde se conocerá la solicitud de medida de coerción. La procuradora Ortiz precisó que, hasta el momento, los encartados son personas físicas, aunque advirtió que las investigaciones podrían ampliarse hacia personas jurídicas y otras líneas. En el documento se imputan, entre otros, Angeury Guzmán Vásquez y Heidy C.
